Los Ángeles, 1 oct (EFE).- La decisión de conceder licencias a jóvenes indocumentados que se beneficien de la Acción Diferida en California cuenta con el apoyo de grupos defensores de los derechos de este colectivo, aunque no todos están de acuerdo con la nueva ley firmada por el gobernador de ese estado, Jerry Brown.
“Con este acto, el gobernador de California ha hecho las carreteras más seguras al abrir la posibilidad de licencias (de conducir) a un grupo de inmigrantes”, declaró a Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, en inglés).
Brown firmó anoche la ley AB 2189, que autoriza al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, en inglés) de California a aceptar el permiso de trabajo otorgado a través de la llamada Acción Diferida como documento válido para solicitar una licencia de conducción en el estado.
Aunque la medida cuenta con el apoyo de numerosos grupos defensores de los inmigrantes y de los derechos civiles, no todos la consideran una buena decisión.
“La gente estadounidense ha visto un asalto sin precedentes sobre nuestras leyes de inmigración en los pasados tres y medio años”, criticó Dan Stein, presidente de Federation for American Immigration Reform (FAIR), en un comunicado.
El presidente de esta organización no partidista -que se opone a la inmigración ilegal y promueve la seguridad de las fronteras- argumentó que la nueva medida premia a “personas que han violado la ley otorgándoles los mismos derechos” de quienes esperan durante años para recibir su permiso de residencia en el país y poder conducir un vehículo.
Sin embargo, para la joven Nelly Domínguez, activista de la Red de Sueños de California, la ley es “un justo reconocimiento al esfuerzo que estos jóvenes inmigrantes han hecho para ser parte activa y favorable de la sociedad”.
“Ahora el reto para el gobernador es asegurar que toda persona que vive en California y quiera conducir un vehículo lo haga de manera segura. Este es un primer paso y nuestra esperanza es que se abra el espacio para todos los inmigrantes”, agregó Salas en declaraciones a Efe.
Brown también firmó la ley que SB 1064, presentada por el senador demócrata Kevin De León de Los Ángeles, que permite a los jueces ampliar el plazo para la reunificación familiar en el caso de padres deportados, antes de enviar a los hijos a hogares de adopción.
La ley también facilita la adopción temporal de los hijos de inmigrantes deportados por parte de sus familiares y autoriza a los departamentos de protección infantil para que puedan establecer acuerdos con los consulados en busca de que los niños puedan reunirse con sus padres deportados.
Igualmente firmó la AB 2015, que permite dos llamadas adicionales a los padres arrestados para hacer arreglos para la custodia de sus hijos.
Sin embargo, el gobernador vetó la denominada Acta de Confianza (AB 1081), que pretendía prohibir a las autoridades locales retener indocumentados para remitirlos a las autoridades federales una vez que fueran liberados de custodia criminal.
“El gobernador Brown le ha fallado a las comunidades inmigrantes de California, poniendo en peligro los derechos civiles y dejándonos a todos menos seguros”, expresó al respecto Pablo Alvarado, director ejecutivo de la Red Nacional de Jornaleros, en un comunicado.
Por su parte, CHIRLA anunció hoy a Efe que reclamará al alguacil de Los Ángeles, Lee Baca, “que modifique su posición en este tema, pues él fue una de las causas principales para el veto del gobernador”.
Brown también vetó la AB 889, que autorizaba el pago de horas extras, períodos de descanso y otras protecciones laborales para los trabajadores domésticos.
Igualmente rechazó otras dos leyes -la AB 2346 y la AB 2676- que facilitaban a los trabajadores campesinos la exigencia del cumplimiento de las leyes de protección contra el exceso de calor y otras condiciones adversas.
“Al vetar la AB 2676, el gobernador continúa con la política de darle a los animales más protecciones que las ofrecidas actualmente para los trabajadores agrícolas”, reclamó hoy en un comunicado Arturo Rodríguez, presidente de la Unión de Campesinos. EFE
