Tucson (AZ), 29 jul (EFEUSA).- Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron hoy una demanda civil contra la Patrulla Fronteriza por la muerte del joven mexicano Jose Antonio Elena Rodríguez, ocurrida en octubre de 2012 tras recibir diez disparos por parte de un agente de esa agencia federal.
Con dos fotografías en mano, una en donde se ve a Elena Rodríguez sonriendo y abrazando a sus tres hermanos y otra en donde aparecen unas personas cargando su féretro, Taide Elena, abuela del joven fallecido exigió justicia a las afueras de la Corte Federal en Tucson, Arizona.
“El era un niño, no era un criminal y mucho menos un animal. Su muerte no tiene ninguna justificación”, aseveró Elena a Efe.
Aseguró que estos últimos meses han sido muy duros para la familia entera, especialmente ante la frustración de no tener ninguna respuesta en las investigaciones del caso.
“Es una herida que sangra todos los días. Creo que con esta demanda van a salir a la luz muchas cosas”, explicó.
Lee Gelernt, abogado con ACLU, explicó que la demanda fue interpuesta como un último recurso ante la negativa del Gobierno Federal por dar a conocer los nombres de los agentes involucrados en el caso.
“El tiempo que otorga la ley para presentar la demanda civil se terminaba, por eso estamos hoy aquí”, aseguró Gelernt, uno de los abogados que llevan el caso.
Según los demandantes, el joven de 16 años de edad, recibió 10 impactos de bala cuando un agente de la Patrulla Fronteriza disparó en dirección del muro fronterizo impactando a Elena Rodríguez quien murió del lado mexicano en Nogales, Sonora (México).
La familia asegura que el menor de edad regresaba de un juego de baloncesto la noche del 10 de octubre del 2012, negando rotundamente las declaraciones de la Patrulla Fronteriza de que este o alguien cercano a él estaban arrojando piedras a los agentes fronterizos.
El caso es calificado como un tiroteo trasnacional, ya que los agentes fronterizos se encontraban en territorio estadounidense cuando activaron sus armas y las balas cruzaron el muro fronterizo hacia territorio mexicano impactando al menor.
La demanda civil, que incluye una indemnización monetaria la cual no fue especificada, también exige que se lleve a cabo un juicio con un jurado sobre el caso en Estados Unidos.
Los abogados explicaron que la demanda acusa a la Patrulla Fronteriza de haber violado los derechos constitucionales del joven mexicano quien al momento de los hechos caminaba sobre la calle internacional aproximadamente a 25 pies de distancia del muro fronterizo.
Gelernt dijo que esperan que el Gobierno Federal alegue en su defensa que porque el joven murió del lado mexicano no está protegido por la Constitución de Estados Unidos, algo en lo que están en desacuerdo.
“Este caso puede establecer un importante presente para otros casos similares”, aseguró a Efe Luis Parra, abogado que representa a la familia.
También aseguró que la muerte de Elena Rodríguez fue a consecuencia del uso excesivo de fuerza letal por parte de los agentes fronterizos.
“Queremos que el Gobierno Federal de respuestas a la familia de lo que ocurrió y haya consecuencias”, agregó.
El abogado reconoció que este es una caso que tomará tiempo en resolverse y que no se descartará la posibilidad de que en el futuro y tras conocerse la identidad de los agentes federales involucrados, el Gobierno mexicano pudiera solicitar su extradición para responder ante las autoridades mexicanas.
“Este es una caso particular donde hubo disparos transfronterizos, donde la víctima murió en su propio país y hasta ahorita la postura de los Estados Unidos ha sido que por ese motivo la familia no puede presentar ni tampoco puede proceder una demanda en su contra”, enfatizó Parra.
Araceli Rodríguez, madre del joven fallecido no pudo estar presente en Tucson debido a que hasta el momento se le ha negado su solicitud de un pasaporte para cruzar la frontera.
Según datos de ACLU, desde el 2010, 27 personas han muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se negó a comentar sobre el caso. DHS tiene ahora 30 días para responder legalmente a las acusaciones. EFEUSA
