Washington, 21 nov (EFEUSA).- Varios congresistas republicanos reiteraron al presidente Barack Obama, tras anunciar sus medidas ejecutivas en materia migratoria, que esta decisión hará más difícil la negociación de una reforma migratoria integral en el Congreso que brinde soluciones permanentes.
Los republicanos por Florida Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtienen emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron de que las medidas anunciadas por el presidente finalmente no resuelven el problema de fondo.
“Aunque estamos de acuerdo con algunas de las medidas anunciadas, la orden ejecutiva del presidente dificulta aún más la aprobación de una reforma justa y razonable del sistema de inmigración de nuestro país”, aseguraron.
“Seguimos creyendo -añadieron- que tenemos que lograr una medida legislativa bipartidista que asegure las fronteras, ofrezca una solución permanente y humanitaria a los indocumentados, respete el estado de derecho, modernice el sistema de visas y ayude a la economía. La orden ejecutiva del presidente no resolverá ninguno de estos temas”.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, uno de los que rubricó en su día el proyecto de ley de reforma migratoria aprobado por el Senado el verano del pasado año, llamó también a consensuar un marco legislativo.
“Necesitamos una reforma migratoria. Pero la manera correcta de hacerlo es tener primero la inmigración ilegal bajo control asegurando las fronteras y haciendo cumplir las leyes”, dijo Rubio.
“Después de hacer estas cosas, tendremos que lidiar con los que están aquí ilegalmente de una manera razonable, pero responsable. Las acciones del presidente ahora hacen todo esto más difícil y son injustas para las personas que en nuestro sistema de inmigración están haciendo las cosas de la manera correcta”, añadió el senador.
Obama anunció hoy desde la Casa Blanca su decisión de emprender acciones unilaterales tras la incapacidad del Congreso para llegar a un acuerdo sobre el texto legislativo, bloqueado por los republicanos que tienen mayoría en la Cámara Baja y que se han negado a someterlo a votación.
Las acciones ejecutivas anunciadas hoy evitarán la deportación de unos cinco millones de inmigrantes indocumentados durante tres años.
El grueso de esa cifra serán padres cuyos hijos sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, que demuestren que llevan en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y que carezcan de antecedentes criminales.
Por otra parte, el Departamento de Seguridad Nacional elaborará una nueva guía de acción para que la política de deportaciones se centre en criminales, en personas con delitos vinculados a la seguridad nacional y en quienes cruzaron la frontera desde el 1 de enero pasado. EFEUSA
