Los Ángeles, 26 ene (EFEUSA).- Las nuevas medidas de vigilancia de las fuerzas del orden, como las cámaras en los uniformes de los policías y los radares que detectan la presencia humana a través de las paredes, han provocado un fuerte debate sobre las libertades civiles y el derecho a la privacidad.
Los dispositivos, conocidos como RANGE-R y fabricados por L3-Communications, tienen la capacidad de detectar la presencia y movimientos de una persona detrás de un muro sin que ésta lo sepa, lo que facilita el trabajo de las fuerzas del orden para detener a criminales.
El grado de sensibilidad de este aparato, que el FBI y los US Marshals llevan dos años utilizando de manera secreta, hace que pueda incluso detectar la respiración de una persona a quince metros de distancia.
“Esta tecnología es simplemente escalofriante, y es esencial que los nuevos métodos de vigilancia no tengan permitido evadir las protecciones de la Cuarta Enmienda”, aseguró a Efe Christopher Soghoain, experto en tecnologías de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La Cuarta Enmienda impide a la policía y a los agentes gubernamentales realizar cacheos o búsquedas en la propiedad sin que exista una “causa probable” que haga pensar que un individuo ha cometido un crimen.
Sin embargo, mientras que en países europeos las respectivas constituciones garantizan el derecho del individuo a la privacidad, la Constitución estadounidense no menciona explícitamente este derecho. De ahí que una decisión de la Corte Suprema haya servido para marcar directrices en este sentido.
En el año 2001, esta corte dictaminó que el uso de cámaras térmicas no está permitido sin una orden judicial, una limitación que podría también extenderse a otros dispositivos como los radares o futuras tecnologías potencialmente invasivas.
“Las protecciones constitucionales de la privacidad son todavía más importantes cuando la policía cuenta con dispositivos que literalmente pueden ver a través de los muros de las casas sin que nosotros jamás lo sepamos”, opinó Soghoain, quien agregó que “tiene que haber una supervisión estricta por parte de jueces y legisladores sobre cómo la policía usa esta tecnología”.
La preocupación sobre la invasión de la privacidad también ha salpicado el debate migratorio. En las calles de Los Ángeles, una urbe con más de dos millones de indocumentados, el alcalde, Eric Garcetti, anunció hace unos días la compra de 7.000 cámaras de vídeo AXON body que se colocan en los uniformes policiales para grabar los operativos.
La medida, que según las autoridades permitirá que haya mayor transparencia en las intervenciones, ha sido recibida con temor entre los migrantes.
“Me inquieta que este tipo de aparatos se utilicen para vigilar y acosar al indocumentado”, aseguró Arturo Vilchis, un licenciado en Derecho que emigró desde México a Estados Unidos hace 25 años.
“La ley para prevenir estas situaciones va por detrás de los avances tecnológicos. Esto ya debiera estar regulado”, lamentó.
Taser, el fabricante de las cámaras AXON body y de otros productos de vigilancia, ha vendido cámaras a más de 1.200 agencias en todo el país.
“Hemos trabajado muy de cerca con nuestros clientes de las fuerzas del orden para desarrollar la cámara AXON body y la plataforma de apoyo para gestionar la evidencia digital, Evidence.com“, dijo a Efe Sydney Siegmeth, directora de Relaciones Públicas de la compañía.
“Durante el proceso de desarrollo del programa de vídeo para una agencia, animamos a que ésta trabaje de forma cercana con la ciudad y el departamento para desarrollar un conjunto de políticas y directrices para su programa”, recalcó Siegmeth. EFEUSA
