Los Ángeles, 3 oct (EFEUSA).- Grupos de activistas lamentaron hoy el nuevo revés que supone para millones de personas la negativa del Tribunal Supremo a evaluar de nuevo la ampliación de la Acción Diferencia (DACA) y la puesta en marcha del amparo a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia legal (DAPA).

Mientras -según coinciden- la acción inmediata sería la de mostrar la fuerza del voto hispano en las elecciones de noviembre, las organizaciones están contemplando otras opciones para aliviar la carga a los indocumentados.

"Muchas de las organizaciones que abogamos por los derechos de los inmigrantes nos estamos enfocando también en qué podemos lograr a nivel estatal y local sin importar quién quede de presidente", explicó en entrevista con Efe Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC).

La activista destacó que debido a que "en los últimos años se ha visto como es casi imposible lograr cualquier cambio legislativo a nivel federal y menos sobre inmigración", varias organizaciones nacionales están considerando impulsar los logros estatales para los indocumentados.

"A nivel estatal hemos logrado bastante: 40 % de los inmigrantes viven en un estado que les proporciona acceso a la licencia para manejar, el 75 % de los jóvenes tiene ayuda financiera a nivel universitario, y como esos hay otros cambios que se han dado", destacó Hincapié.

La frustración con respecto a la decisión del Tribunal Supremo, que en julio ya había evitado estudiar el caso devolviéndolo a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, también produce un nuevo afán para que muchos hispanos voten en noviembre.


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"Quiero dejar bien claro que nosotros vamos a seguir luchando y no nos vamos a dar por vencidos, estamos bien decepcionados con el Tribunal Supremo y pensamos que la decisión fue sumamente política", declaró a Efe Kika Matos, directora de Derechos de los Inmigrantes y Justicia Racial del Centro para el Cambio Comunitario Acción (CCCA).

Para Matos, además de enfocar la acción en las próximas elecciones "ejerciendo nuestro músculo político", también se exploran otras alternativas al programa de la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA) y continúa el esfuerzo para reducir las deportaciones.

"Estamos en proceso de explorar las alternativas al DAPA a ver si hay otros tipos de alivio administrativo que podemos empujar con el nuevo presidente y vamos a seguir peleando a ver si podemos reducir las deportaciones", anunció.

Otra opción para apoyar, es un esfuerzo legal presentado por un inmigrante mexicano en Nueva York que pide que la decisión de suspender DAPA y la extensión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) se aplique solamente en los estados que han demandado la medida.

Martín Batalla Vidal, de 25 años y que se benefició del DACA, argumenta en su querella ante un tribunal federal en Brooklyn, que la decisión de una corte en Texas, en 2015, debe aplicar sólo a los 26 estados que pidieron bloquear esos dos programas migratorios.

"Lo que se está diciendo (con esa demanda) es que no se debe tomar una decisión que afecta la vida y los derechos de una persona en Nueva York, basados en la decisión de una corte en Texas", afirmó a Efe Pili Tobar, directora de comunicaciones del Latino Victory Fund.

"Es triste que estemos viendo un nivel de política que llega hasta ese nivel de las cortes, porque la inhabilidad de hacer progreso, no sólo en la reforma migratoria sino en tantos otros temas, ya ha llegado hasta allá", criticó Tobar.

A la frustración de la decisión de la Corte Suprema, los activistas suman la promesa incumplida del presidente Obama hecha hace ocho años atrás al lograr la victoria con el 68 % del voto hispano y cuatro años después fuera reelegido con el 71 % de los sufragios latinos.

"Sin duda él nos falló. Pero la realidad es que no tenemos alternativa. La única manera como podemos avanzar y cambiar el futuro de nuestras familias es con la legislación a nivel federal", argumentó Matos.

La activista igualmente reclamó la desilusión por los grupos políticos tradicionales al señalar que "ambos partidos nos han fallado, los republicanos más que los demócratas, pero al final del día los dos nos han fallado".

Mientras se define quién será el presidente del país en los próximos cuatro años y qué partido político tendrá la mayoría en el Congreso, los activistas prometen seguir luchando y buscando formas de ayudar a los indocumentados.

Por ello, Hincapié insistió sobre la importancia de seguir obteniendo logros a nivel estatal que faciliten las cosas a estos inmigrantes.

"Definitivamente por ahí es el camino", aseguró la activista colombiana, quien destacó que NILC está trabajando "con muchas organizaciones a lo largo del país para tratar de replicar lo que estamos haciendo en California".

De su parte, el presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), William A. Stock, anotó hoy en un comunicado de prensa que negándose a celebrar una nueva audiencia del caso, "el Tribunal Supremo ha permitido una vez más a los gobiernos estatales bloquear iniciativas políticas federales con la que no están de acuerdo".

"Mientras esta decisión continúa causando daño a millones de niños estadounidenses y sus familias por orden judicial del juez Hanen, su efecto sobre las futuras relaciones federales y estatales pueden ser de lo más pernicioso", agregó. EFEUSA