San Salvador, 10 nov (EFE).- El Salvador registró hasta el pasado octubre una disminución de más de 1.000 asesinatos en comparación con el mismo lapso del 2015, pero la baja se ha visto empañada por una ola de asesinatos de policías en los primeros días de noviembre, casi uno diario.
Según información de la Policía, entre enero y octubre anteriores fueron asesinadas un total de 4.585 personas, un 18,4 % menos que las 5.622 del mismo período de 2015.
Con estas, octubre se convirtió en el tercer mes consecutivo del 2016 en computar una disminución de las muertes violentas, tendencia que inició el 9 de agosto del año en curso, cuando las autoridades registraron una baja de apenas el 0,20 % interanual, la primera desde que finalizó una polémica tregua entre las pandillas en 2014.
No obstante, esta disminución de las muertes violentas se ha visto empañada por una ola de asesinatos de policías y soldados, atribuidos principalmente a las “violentas” pandillas.
Entre el 1 y 10 de noviembre fueron ultimados 7 agentes de la Policía y un soldado, la mayoría cuando se encontraban de licencia y con los que el número de policías asesinados en el 2016 llegó hasta los 41 y el de militares hasta los 19. Solo las muertes violentas de policías suman 140 desde el 2014.
Entre estos casos se encuentra el del jefe de la Unidad de Patrimonio Privado de la Unidad de Investigaciones del oriental departamento de La Unión, que fue asesinado a tiros el 2 de noviembre, cuando esperaba un autobús que lo llevaría hasta el cementerio para colocar flores en la tumba de su madre por el Día de Muertos.
El caso más reciente se registró en ese mismo departamento; el cuerpo decapitado de un agente fue encontrado en la localidad de Yucuaiquín.
El único militar asesinado en lo que va de noviembre cayó a tiros también en San Miguel e igualmente fue decapitado, según reportes de la Fiscalía del país centroamericano.
Este miércoles, el titular del Ministerio de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, prometió una mayor “persecución” contra los pandilleros que han atacado a los elementos de la Policía y el Ejército.
“Todos los (pandilleros) que han atentado contra elementos de seguridad van a ser objeto de una persecución muy fuerte y serán sometidos, (…) vamos a tomar todas las medidas para que los responsables obtengan las penas más duras permitidas por la ley”, dijo durante una entrevista en el canal estatal.
Añadió que “no descansarán hasta lograr la reducción de los homicidios, en especial, los perpetrados contra policías y militares”.
Por su parte, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo el martes que propondrá a las autoridades la creación de un mecanismo para dar más protección a los miembros de los cuerpos de seguridad.
“Tenemos que elaborar una estrategia de cuidar a quienes nos cuidan”, dijo escuetamente Caballero a la prensa durante un evento en un hotel de la capital.
El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés, señaló el mismo día que el Ejército posee un “call center” y unidades especializadas que reacción para denunciar el secuestro de militares y evitar que sean asesinados.
“Tenemos comunicaciones con todas la unidades que tenemos desplegadas en todo el territorio nacional y cuando un efectivo nuestro nos da la alerta”, en un plazo de 30 minutos, “tenemos la posibilidad de llegar y poder auxiliar”, detalló el jefe castrense a la prensa.
Estas muertes se dan en el contexto de una “guerra” que el presidente, Salvador Sánchez Cerén, declaró en marzo anterior a las pandillas y que ha llevado a que los “mareros” caídos en tiroteos con las autoridades se disparará un 9.800 % en 2016, en comparación con el 2011.
“Todas las medidas que hemos tomado van en el sentido de combatirlos (a los pandilleros), aunque algunos digan que estamos en una guerra, pero no queda otro camino”, sentenció el mandatario en una conferencia de prensa el 7 de marzo. EFE
