Chicago (IL), 14 nov (EFEUSA).- Grupos defensores de inmigrantes cuestionaron hoy la cifra de 2 a 3 millones de indocumentados con antecedentes criminales que el presidente electo Donald Trump anunció como prioridad inmediata para deportación, y prometieron luchar en las cortes contra cualquier exceso o violación constitucional.

"El presidente electo está muy equivocado si piensa que hay entre 2 y 3 millones de indocumentados con antecedentes criminales y que sean un peligro para la seguridad pública", declaró hoy a Efe Gregory Z. Chen, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

"No sé de dónde saca esas cifras, pero está equivocado", aseguró por su parte Omar Jadwat, de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

Ambos abogados coincidieron en que no existe una información oficial con las cifras exactas de indocumentados con antecedentes criminales, o que especifiquen el tipo de delitos cometidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó al Congreso en 2012 que se estima la cifra de 1,9 millones de inmigrantes criminales sujetos a deportación, que estaban presentes entonces en el país, pero la cifra no distinguía entre indocumentados o inmigrantes con residencia legal.

En 2014 se estableció un nuevo programa de prioridades para deportación, y según un estudio de la organización Migration Policy Institute, unos 300.000 inmigrantes indocumentados caerían dentro de los parámetros de máxima prioridad, por ser integrantes de bandas criminales o amenazas para la seguridad nacional, como los mencionados por Trump en su primera entrevista de prensa.


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Chen dijo a Efe que vivir sin papeles en Estados Unidos no es un crimen, por lo que se teme que el futuro presidente podría enfocar su política de deportaciones en personas sin antecedentes graves, para poder cumplir con sus expectativas.

"Pueden caer aquellos que tuvieron algún tipo de interacción con la policía por violencia doméstica o manejar bajo los efectos del alcohol, pero no fueron procesados", señaló,

Según el abogado de AILA, también correrían riesgo las personas que han vivido indocumentadas en Estados Unidos durante muchos años, tienen familia, hijos y trabajos "y están realizando contribuciones positivas a sus comodidades".

En opinión de Jadwat, si el futuro Gobierno baja los requisitos al mínimo para poder llegar a las cifras de deportaciones prometidas por Trump, también correrían riesgo las personas con antecedentes por posesión de drogas o "inclusive por haber robado en una tienda".

El letrado cree que "vivimos momentos de mucha especulación", pero las personas sin papeles tienen que estar "atentas, conscientes de sus derechos y preparadas para lo que vendrá".

ACLU publicó una carta abierta a Trump firmada por su director ejecutivo Anthony Romero, donde se le pide que "reconsidere ciertas promesas" de campaña, como las deportaciones masivas, la prohibición del ingreso de inmigrantes musulmanes o restricciones a la libertad de información.

En caso contrario, señala la misiva, esta organización que tiene más de 300 abogados en todo el país, usará todo su poder de litigio para luchar en las cortes contra las propuestas, que considera "ilegales e inconstitucionales", y que además violarían varias leyes internacionales.

Jadwat dijo a Efe que lo que decida hacer el presidente electo es "solamente una parte de la historia".

"La otra será la resistencia y los desafíos en las cortes para detener medidas extremas", una tarea que ACLU ha desempeñado durante casi cien años, y que "esperamos cumplir con éxito de aquí en adelante", agregó.

A su vez, la directora ejecutiva del National Immigration Law Center, Marielena Hincapié, declaró hoy en un comunicado que su organización también piensa usar "todos los instrumentos legales a nuestra disposición", para combatir las deportaciones y defender a las comunidades inmigrantes.

El la misma línea, el director legal de la National Day Laborer Organizing Network, Chris Newman, opinó que los inmigrantes "pueden no haber nacido en los EE.UU, pero igualmente tienen derechos constitucionales".

"No importa las expectativas de los xenófobos, todas las personas que viven en este país tienen derechos civiles a ser protegidos, sin importar su estatus migratorio", agregó. EFEUSA