Los Ángeles, 14 nov (EFEUSA).- Líderes de organizaciones pro inmigrantes y activistas comunitarios aseguraron hoy que el presidente electo Donald Trump no está flexibilizando sus posiciones frente a la deportación de indocumentados que prometió durante su campaña electoral.

El magnate aseguró en su primera aparición televisiva tras el triunfo electoral que deportará a los inmigrantes que tienen "antecedentes penales", una decisión que podrían afectar a entre dos y tres millones de personas.

"No creemos que haya cambiado de retórica y solo hay que ver a las personas que está asignado para su nueva Administración. Está llevando a los más racistas y los más nacionalistas, como el caso de Stephen K. Bannon", resaltó Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

Trump anunció este domingo el nombramiento de Stephen K. Bannon, quien fue su jefe de campaña, como el estratega jefe y consejero principal de la Administración Trump y el encargado de llevar a la Casa Blanca la voz de la llamada derecha alternativa estadounidense.

Bannon, acusado por su esposa de violencia doméstica y antisemitismo, llega al cargo aupado por el éxito de su portal de noticias, Breitbart, y su creciente influencia entre los ámbitos más conservadores desde que se ha convertido en los últimos años en una de las principales plataformas mediáticas de la conocida como "alt-right", la nueva derecha radical de EE.UU.

"Con Bannon y otros ultraconservadores aconsejando a Trump, los inmigrantes con papeles y sin papeles deben prepararse a una oleada de racismo y persecución", insistió Cabrera.


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Para el director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado, las palabras de Trump están intentando seguir con el proceder de una campaña normal.

"Cuando un candidato gana, por lo general se va a la mitad para crear unidad, pero esta campaña no es normal desde el inicio, entonces no se puede esperar que después de todos los ataques se crea que está suavizando sus posturas", explicó.

Por su parte el presidente del Senado de California, Kevin de León, indicó que es erróneo y profundamente irresponsable sugerir que hay alrededor de tres millones de indocumentados criminales peligrosos viviendo en los Estados Unidos.

Las voces no sólo se escuchan en California sino también en Arizona, en donde la vocera de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Lydia Guzmán, aseguró que las cifras de las que habla Trump solo demuestran su desconocimiento del tema.

La activista se refirió a un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitido en el 2012 en el que solicitaba presupuesto para el siguiente año fiscal.

En ese entonces, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) estimaba que había 1,94 millones de extranjeros con antecedentes criminales. Pero, este número no contaba las deportaciones que ha ejecutado la Administración Obama en los últimos tres años.

"Esta política de sacar a criminales ya está en los libros, siempre han sido prioridad las personas con ofensas mayores. Entonces Trump no está hablando nada nuevo, no sabe exactamente detrás de quién va", indicó Guzmán.

Debido a la nueva situación, decenas de asambleas populares, impulsadas por impulsadas por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y otras organizaciones, se realizarán a través de todo el país para establecer las estrategias que se implementarán para detener los posibles abusos de la próxima Administración.

"Trump quiere que el proceso se normalice, que en la noche todo se desaparezca, pero está equivocado, vamos a prepararnos para cuando él tome posesión", sentenció Alvarado. EFEUSA