Austin (TX), 4 ene (EFEUSA).- Una organización por los derechos civiles de los latinos continúa hoy su batalla contra el estado de Texas con el objetivo de eliminar una normativa que prohíbe albergar a personas indocumentadas, aprobada hace un año y medio, ahora temporalmente bloqueada.

De hecho, desde abril del año pasado, esta ley se encuentra paralizada después de que esta organización, el Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por su siglas en inglés), presentara una demanda federal.

Durante el día de hoy, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito escuchará los argumentos sobre si se debe implementar esta ley de seguridad fronteriza, que firmó el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en septiembre de 2015.

Bajo esta normativa, incluida en la ley HB11 sobre seguridad fronteriza, es ilegal "animar o inducir a personas a entrar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos ocultándolos, albergándolos o protegiéndolos de la detención".

Según los legisladores, la normativa está promovida para perseguir a los coyotes o traficantes de personas, pero los promotores de la demanda alertaron de que la prohibición puede utilizarse contra religiosos o activistas que acogen también a inmigrantes indocumentados.

"Texas ya tiene leyes suficientes para protegernos del tráfico de personas sin que se pongan en el blanco a religiosos y organizaciones que cuidan de los inmigrantes", explicó en el momento que se interpuso la demanda federal Nina Perales, vicepresidenta del MALDEF.


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Aseguró, además, que unas normativas similares han sido invalidadas en el pasado por el Tribunal Supremo en Arizona, Carolina del Sur, Georgia, Pensilvania y Alabama.

Esto ocurre a menos de una semana de que dé inicio la sesión legislativa de Texas, dónde la seguridad fronteriza y el trato a los inmigrantes indocumentados serán dos de los temas principales a debatir.

Por ejemplo, el gobernador Abbott prometió promulgar una legislación que prohíba en Texas las "ciudades santuarios", término que se refiere a lugares dónde ni la policía ni cualquier agencia de la ciudad puede pedirle pruebas a nadie sobre su estatus de inmigración. EFEUSA