Los Ángeles, 22 feb (EFEUSA).- El actual ataque de las nuevas directrices de la Administración de Trump en contra de los indocumentados ha afectado también a los menores no acompañados que entraron al país y ahora se encuentran en centros de detención esperando audiencia con un juez de inmigración, advirtieron hoy abogados en California.

"El Gobierno no quiere que a los menores detenidos no se les permita una corte de fianza, están argumentado que es demasiado trabajo para ellos ir a la corte", indicó a Efe Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis.

El pasado 20 de enero, la lucha por los derechos de los menores que entraron solos al país logró una importante victoria: una corte federal de Los Ángeles dictaminó que los niños y jóvenes "no acompañados" tienen derecho a presentarse ante un juez de inmigración y salir bajo fianza.

La jueza Dolly Gee se basó en el acuerdo extrajudicial "Flores", de 1997, en el que se dictaminó que los menores indocumentados deben vivir en las condiciones "menos restrictivas" posibles.

No obstante, este fin de semana, el Departamento de Justicia presentó una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, pidiéndole bloquear el dictamen de Gee.


Advertisement

La petición del Gobierno, presentada a altas horas de la noche, se dio a menos de dos semanas de otra apelando la decisión de un juez federal de suspender una orden ejecutiva que no permitía el ingreso de inmigrantes de siete países de mayoría musulmana.

El Departamento de Justicia asegura que la decisión de la jueza Gee "desvía sin lugar a dudas el tiempo, los recursos y el personal de las agencias del proceso de reunificación previsto (en una ley de 2008) y lejos de las ya cargadas operaciones de los tribunales de inmigración".

Por eso, los defensores de los derechos de menores tuvieron que someter en un tiempo récord una solicitud para que el Noveno Circuito niegue la moción de emergencia presentada por el Gobierno.

Los abogados, entre quienes está Cooper, aseguran que el Gobierno está buscando un control absoluto sobre la custodia de los niños y no quiere que un juez opine sobre la constitucionalidad de esa custodia.

Los defensores de los indocumentados aseguran que cientos de menores están en la mira de las nuevas prioridades de deportación, entre ellos los que están bajo la jurisdicción de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En el año fiscal 2015, 618 menores no acompañados fueron enviados a estos centros de detención. En el 2014, la cifra llegó casi a los 800 adolescentes que se encuentran en una especie de laberinto legal que no permite acción a sus padres y representantes legales.

El caso de Héctor Boteo, un menor que estuvo detenido 489 días sin justificación, forma parte de los argumentos que expusieron los abogados que defienden los derechos de los menores.

El Gobierno gastó más de 121 mil dólares innecesariamente en la detención del joven, indican los activistas.

"Dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño, pero también se necesita un pueblo para proteger los derechos de los niños inmigrantes detenidos, no vamos a ceder en esta lucha", concluyó Cooper. EFEUSA