Washington, 20 abr (EFEUSA).- El juez hispano Gonzalo Curiel, criticado por el presidente Donald Trump por su origen mexicano, será el encargado de decidir sobre el polémico caso de un joven indocumentado que denuncia haber sido deportado a pesar de estar protegido por un programa del expresidente Barack Obama.
Los registros judiciales, a los que accedió hoy Efe, muestran que el caso fue asignado este martes al juez Gonzalo Curiel y a la magistrada Nita Stormes, ambos de la Corte del Distrito Sur de California, con sede en San Diego.
Durante la campaña presidencial, Trump acusó al juez de tratarle “de manera hostil” y aseguró que sus orígenes mexicanos podrían “absolutamente” influir en su veredicto sobre el caso de fraude de la Universidad Trump que el magistrado estaba estudiando.
Los comentarios de Trump contra el magistrado, nacido en Indiana de padres mexicanos, incomodaron a importantes líderes republicanos, como el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.
Tanto Curiel como la jueza Stormes deberán decidir sobre la legalidad de la expulsión a México del joven Juan Manuel Montes Bojorquez, quien supuestamente estaba protegido de la deportación por el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado en 2012 por Obama para los indocumentados que llegaron a EEUU de niños, conocidos como “dreamers” (soñadores).
El joven, de 23 años, interpuso el martes una demanda para pedir al Gobierno información sobre su deportación a México, efectuada el pasado 20 de febrero.
El caso del joven ha ganado gran notoriedad porque diferentes organizaciones, como el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), aseguran que esta es la primera vez que el Gobierno de Trump deporta a uno de los jóvenes indocumentados que se beneficiaron de DACA.
La versión de las organizaciones contrasta con la de la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), que asegura que el joven perdió la protección de DACA al abandonar el país sin una autorización, viajar a México y luego tratar de volver a entrar en Estados Unidos de manera irregular.
Montes Bojorquez, además, fue condenado por hurto en julio de 2016, según dijo a Efe un alto funcionario de la CBP, que pidió el anonimato.
Desde su promulgación en 2012, el programa DACA ha servido para frenar la deportación de 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños y, además, les ha permitido obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
Durante la campaña electoral de 2016, Trump prometió deportar a los “dreamers” y acabar con DACA, pero posteriormente ha reconocido que este “es uno de los temas más difíciles” con los que se enfrenta en su Presidencia y aseguró que lo encarará “con corazón”, aunque no ha proporcionado más detalles. EFEUSA
