México, 26 abr (EFEUSA).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) estimó hoy urgente que México apruebe la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, que lleva dos años en trámite, porque considera que cuanto antes se haga, antes podrá "reglamentar" la norma y "hacerla efectiva".

Esta semana concluye el actual periodo legislativo, por lo que si el proyecto -que sigue siendo debatido en Comisiones del Senado- no pasa en este tiempo, habría que esperar al próximo periodo, que comienza en septiembre, dijo en entrevista con Efe Juan Pedro Schaerer, jefe de delegación del CICR para México, América Central y Cuba.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en el país hay 30.973 personas de quienes se desconoce su paradero.

Las cifras "hablan por sí mismas" y demuestran que "hay un problema en términos de búsqueda", porque estos números, que indican que como media en el país desaparecen diez personas al día, no están bajando.

"El problema no se va a resolver de un día a otro", pero es necesario un "primer paso", y es el "establecer un marco legal jurídico claro", asevera Schaerer, para que a partir de ahí "las diferentes instituciones desarrollen estrategias, reglamentos, protocolos que progresivamente van a permitir mejorar la situación".


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Lo que se está discutiendo en Comisiones, con la colaboración de asociaciones de familiares y la sociedad civil, "quizá son los mismos puntos que se habían discutido al inicio de este proceso".

Es decir, el desencuentro está en el tema de la creación de una comisión de búsqueda, qué función se daría a esta institución y quién se haría responsable, explica el jefe de delegación.

Argumenta que "para este tipo de tema no es que haya un modelo ideal", pero entienden que las familias, quienes ven "falta de resultados", consideren necesario tener un modelo diferente.

Desde el CICR estiman que hay unos puntos mínimos que la ley debe cubrir y que han sido recogidos en el proyecto: que sea una ley nacional que funcione sin necesidad de que los estados aprueben sus propias iniciativas y que cubra todos los tipos de desapariciones.

Además, que la ley vaya más allá de la tipificación de los delitos -el aspecto más debatido-, especificando a quién se le atribuyen las funciones de búsqueda y de investigación.

Que las responsabilidades estén "claramente establecidas" es fundamental para que una institución "asuma la coordinación entre el nivel federal y estatal, y las diferentes instituciones".

La coordinación tiene una especial relevancia, dado que el Comité ha constatado que en diferentes regiones, individuos que han fallecido por muerte violenta acaban sin ser identificadas cuando no son originarias del mismo lugar en el que son encontradas.

Esto ocurre con personas que bien o son de otros estados o son extranjeras, ya que "México es un país de tránsito" para muchos migrantes, recuerda Schaerer.

Hay casos, afirma, en los que "la información no llega donde tendría que llegar y finalmente la persona es enterrada en fosas comunes sin ser identificada", y para la familia sigue estando en condición de desaparecida.

Según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en México se han localizado al menos 855 fosas clandestinas en la última década, si bien existen cifras contradictorias al respecto y hay algunos estados que se niegan a proporcionar dicha información.

El retraso para la aprobación de la ley, que para el CICR supone "mucho más tiempo" de lo que se había pensado, también ha motivado que en las familias de desaparecidos "se haya generado progresivamente una cierta desconfianza sobre la capacidad de las instituciones para dar respuestas", señala Schaerer.

Aunque todavía la norma no haya pasado, desde el Comité no esperan a que esto ocurra para trabajar el tema de las desapariciones, y han emprendido acciones en los últimos años a nivel federal y estatal para el fortalecimiento de las capacidades de los servicios forenses del país.

Por ejemplo, ha habido avances destacados en Coahuila, donde a finales de 2016 se promulgó una ley en materia forense para facilitar la identificación de personas fallecidas.

Aún así, la aprobación de la ley general "va a ser una base a nivel del país", y tendrá efectos "muy positivos" a mediano y largo plazo".

Cuanto antes se haga esto, antes "se podrá abordar la temática de una manera mucho más completa", concluye el jefe de delegación. EFE