TAMPICO, Tamaulipas 11-May .- Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, defensores de derechos humanos y representantes de la Iglesia exigieron ayer a las autoridades aclarar el crimen de la activista Miriam Rodríguez, y que éste no quede impune.
Por separado, plantearon investigar si hubo omisión al no brindar seguridad suficiente a mujer, y si ello derivó en su asesinato la noche del miércoles en su domicilio en el Municipio de San Fernando.
Giovanni Barrios Moreno, presidente del colectivo Justicia Tamaulipas, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, aseguró que Rodríguez siempre le manifestó su temor de ser asesinada y que ésta situación fue planteada al Procurador Irving Barrios Mújica, en una reunión realizada en diciembre del año pasado.
“Cuando estuvimos con el Procurador en el mes de diciembre lo comentó abiertamente, que ella quería protección porque ella temía por su vida, así lo manifestó, era una mesa de trabajo, estábamos ahí, todos teníamos miedo”, refirió en conferencia de prensa.
“Ella siempre me hacía mención de que tenía miedo por la vida de su persona, porque tenía vehículos que estaban afuera, había solicitado al Gobierno del Estado, al anterior y al actual, protección”, agregó.
Tras el crimen, señaló, Justicia Tamaulipas solicitará a las autoridades estatales y federales seguridad para 16 activistas.
Barrios, quien busca a su hijo secuestrado en Reynosa desde el 2008, dio a conocer que hace nueve meses pidió seguridad y las autoridades lo han ignorado.
Eva Reyes González, defensora de los derechos humanos en Reynosa, recordó que el caso de Miriam era emblemático para todos los colectivos pro-desaparecidos del País, ya que investigó la desaparición de su hija, la encontró en una fosa clandestina, dio con los responsables y los denunció hasta que quedaron presos.
“Aquí la demanda es por la respuesta del Gobierno, por qué no se le dio la protección que ella solicitó”, exclamó, “lo más importante es que a partir de la trágica experiencia de Miriam se haga un planteamiento desde el Gobierno hacia todos los defensores de derechos humanos del Estado, donde, de alguna manera, nos arropen, nos acojan con el poder del Estado”, indicó.
La Diócesis de Tampico pidió también justicia para la activista y pidió a la ciudadanía ser solidarios con quienes han sufrido la desaparición o muerte de un familiar a consecuencia de la inseguridad.
“Pedir justicia, todos necesitamos que haya justicia y que no haya impunidad”, declaró el Obispo de Tampico, José Luis Dibildox Martínez.
La Diócesis de Tampico sufrió el pasado 29 de marzo el secuestro de uno de sus sacerdotes, quien fue liberado 24 horas sin pago de recompensa.
