Washington, 15 may (EFEUSA).- El Tribunal Supremo mantuvo hoy el bloqueo que pesa sobre una ley del estado de Carolina del Norte que exigía a los votantes mostrar en las urnas un carné de identidad, lo que puede afectar a la participación en las elecciones de las minorías afroamericana e hispana.
La máxima instancia judicial del país rechazó una petición del Legislativo de Carolina del Norte, en manos republicanas, para revisar el bloqueo que pesa sobre la ley y dejó así en pie la decisión que tomó en julio de 2016 el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia).
Ese tribunal invalidó la ley al considerar que fue “aprobada en un intento de discriminación racial” contra la minoría negra, que en Carolina del Norte constituye un cuarto de la población.
La ley de Carolina del Norte fue aprobada en 2013 por el legislativo estatal, dominado por los republicanos, y posteriormente firmada por el entonces gobernador republicano, Pat McCrory.
La iniciativa imponía la obligación de mostrar un documento de identificación con una fotografía, pese a que en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad y los ciudadanos no están obligados a disponer de esa identificación.
Las otras restricciones de la ley incluían la eliminación del registro de votantes el mismo día de las elecciones, y requería mayor antelación para el registro del voto por anticipado.
El Gobierno del expresidente Barack Obama y organizaciones de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), desafiaron en los tribunales la constitucionalidad de la ley e iniciaron la batalla legal a la que hoy puso fin el Tribunal Supremo.
El pleito en torno a esta ley fue uno de los que más atención captaron en la campaña para las elecciones presidenciales del pasado noviembre debido a la importancia de Carolina del Norte.
Precisamente, tras las elecciones, en enero de 2017, tomó posesión en Carolina del Norte un gobernador demócrata, Roy Cooper, y un nuevo fiscal general, Josh Stein, también demócrata.
Los nuevos líderes estatales pidieron al Tribunal Supremo que obviaran el recurso que había interpuesto anteriormente el Gobierno republicano de Carolina del Norte para revertir la decisión del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, inferior al Tribunal Supremo.
Sin embargo, el Legislativo estatal, en manos republicanas, reclamó su derecho a tomar parte en el caso y pidió al Tribunal Supremo que aceptara su petición para poder defender su ley en nombre del estado de Carolina del Norte.
En respuesta, en una declaración de dos páginas, hoy el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que “ante la tormenta de declaraciones sobre quién es y quién no está autorizado a buscar la revisión de la corte” el alto tribunal ha decido no mediar en la disputa.
Dejó claro, de esa forma, que el Tribunal Supremo rechaza la petición porque no queda claro quién, el Gobierno o el Legislativo, representarían al estado en el pleito.
Los republicanos defienden que leyes como la de Carolina del Norte son necesarias para combatir el fraude.
Mientras, los demócratas aseguran que esas leyes hacen más difícil el voto para los hispanos y afroamericanos porque, al tener menos recursos, tienen menos formas de identificación que los votantes blancos, pues por ejemplo no tiene un coche y tampoco una licencia de conducir.
Leyes similares a la de Carolina del Norte se han multiplicado en otros estados, como Texas, desde que en 2013 el Tribunal Supremo invalidara una sección de Ley del Derecho al Voto que obligaba a los estados de “tradición conservadora” a recibir permiso del Gobierno antes de llevar a cabo modificaciones electorales.
Para varias organizaciones, la decisión del Supremo truncó una parte esencial de la Ley del Derecho al Voto, que permitía al Gobierno eliminar las trabas que los estados ponían a los afroamericanos para votar, un derecho que tenían desde 1870 pero que no podían ejercer por la represión, entre otros, del grupo racista Ku Klux Klan. EFEUSA
