Washington, 14 jun (EFEUSA).- El presidente del Senado de California, el demócrata Kevin de León, defendió hoy su proyecto de ley para que California se convierta en el primer “estado santuario” a fin de luchar contra las políticas migratorias de “chivo expiatorio” del Gobierno de Donald Trump.
El proyecto de ley SB 54 de California, presentado este martes ante el Comité de Seguridad en el Cámara Baja estatal, prohíbe a la policía local y estatal utilizar sus recursos, dinero, instalaciones, bienes, equipo o personal, para ayudar con las funciones correspondientes a los agentes federales de inmigración.
La policía californiana tendría también prohibido preguntar sobre el estatus migratorio, dar a las autoridades federales de inmigración acceso a entrevistar a una persona bajo custodia, y cooperar para el cumplimiento de las leyes migratorias.
“El estado de California es una potencia mundial y en parte es gracias a muchos inmigrantes que llegaron aquí desde todos los rincones del planeta”, aseguró De León, en declaraciones telefónicas a Efe.
“Somos un estado donde respetamos al inmigrante, reconocemos las contribuciones fiscales, culturales, gastronómicas y económicas a nuestra sociedad”, indicó el presidente del Senado estatal.
“Los inmigrantes -añadió- no son enemigos, son parte de nuestra familia”.
De León, impulsor del proyecto de ley, dijo que esta medida sirve para liderar la lucha contra las políticas migratorias de “chivo expiatorio” de Trump contra los inmigrantes que no son criminales, sino que dejaron sus países de origen para “buscar una vida mejor, no pidiendo limosna y trabajando de la madrugada hasta el amanecer”.
El pasado 4 de abril, el Senado aprobó el proyecto de ley con 27 votos a favor, provenientes de los demócratas, y 12 en contra de los republicanos en la oposición.
La SB 54 se leyó este martes por primera vez en el Congreso del Estado de California, donde los demócratas tienen una mayoría absoluta.
La propuesta impediría que la policía detenga a una persona debido a una solicitud de retención migratoria, responda a las solicitudes de notificación de las autoridades nacionales de inmigración y proporcione información sobre la fecha de liberación de una persona, a menos que esté disponible públicamente.
Las escuelas, los centros médicos, las bibliotecas públicas y los juzgados serían “zonas seguras” para los inmigrantes indocumentados, de aprobarse finalmente el proyecto de ley.
Sin embargo, las excepciones se centrarían en que las autoridades locales puedan transferir los inmigrantes a las federales si existe una orden judicial o una condena previa por un delito violento, además de requerir la notificación al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de las liberaciones programadas de inmigrantes condenadas por delitos violentos.
La policía local continuará participando en grupos de trabajo con otras agencias, como las investigaciones sobre tráfico de personas, ciberseguridad y narcotráfico, siempre y cuando las razones migratorias no sean el objetivo principal de estas colaboraciones.
De León defendió que la SB 54 buscará que la policía tenga la confianza y la cooperación de los inmigrantes, sin la preocupación de que les detengan si no han cometido ningún delito, y sostuvo que mantendrá las ciudades más seguras si las autoridades policiales locales dejan de centrarse en cuestiones migratorias.
Sin embargo, el fiscal general, Jeff Sessions, presentó este 22 de mayo un memorando en el que establecía que las “ciudades santuario” podrían dejar de recibir fondos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Esto supone una rebaja con respecto a los planes originales del Gobierno federal, que quería cortar todos los fondos, pero esa medida fue bloqueada de manera temporal por un juez federal en abril pasado al considerar que violaba la Constitución, porque el Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto y no la Casa Blanca.
“Sessions -aseveró De León- está ahora en repliegue y nuestros recursos policiacos locales ya no están bajo amenaza. Rechazamos categóricamente su política repugnante en contra de la comunidad inmigrante”.
Junto a California, estados como Illinois, Maryland, Nevada y Nueva York impulsan medidas similares, mientras que las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San Bernardino, Santa Bárbara y el condado de Orange County, entre otras, ya son santuario.
El Instituto de Política Pública de California calcula que en el estado residen 2,67 millones de inmigrantes indocumentados. EFEUSA
