Houston (Texas), 22 jun (EFE).- Michael Olivas, profesor de la Universidad de Houston y autor del libro “No undocumented child left behind” urge a los “soñadores” a tener precaución al reclamar sus beneficios tras el anuncio de la moratoria de las deportaciones.
El director del Instituto de Leyes y Gobernabilidad en Educación Superior de la Universidad de Houston dijo en entrevista con Efe que la orden presidencial no difiere sustancialmente del Memorándum Morton y en la que “el diablo está en los detalles”.
La orden ejecutiva anunciada por el presidente Obama provee la suspensión de deportaciones por dos años, con posibilidad de renovación, para estudiantes indocumentados que califiquen dentro del programa.
En todo el país miles de estudiantes han acogido la orden con gran entusiasmo y, sólo en Houston, cerca de mil “soñadores” han acudido a orientaciones masivas en busca de guía en el proceso.
Olivas reconoce que “atraer la atención” sobre el problema de los “soñadores” ha sido un servicio muy valioso de Obama, “pero los detalles no están claros”.
“Los estudiantes y todo el mundo piensa que hay toda una nueva iniciativa para ellos”, dijo Olivas, pero indicó que no existe sustancial diferencia entre la orden presidencial y el conocido como Memorándum Morton, por el apellido del autor y director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), anunciado hace un año.
A partir del memorándum Morton, en junio de 2011 la Administración Obama inició un programa piloto de revisión de casos con miras a la congelación de deportaciones en casos de indocumentados de baja prioridad, como “soñadores”, ancianos y víctimas de violencia doméstica.
Sin embargo, en este período las autoridades han ejecutado más deportaciones que ninguna otra Administración en la historia con más de 400.000 personas, mientras “el beneficio de acción diferida se le ha dado sólo a 200 ‘soñadores'”, dijo el profesor.
Abundó que menos del 2 por ciento de todos los procesados (no solo los ‘soñadores’) obtuvo estatus diferido, y de estos, sólo el 54 % consiguió permiso de trabajo.
“Si el (programa piloto del) último año sirve de alguna evidencia sobre cómo las autoridades van a otorgar autorización para empleo (con esta orden ejecutiva), yo no me siento muy optimista”, apuntó.
Lo más problemático, explicó Olivas, es que las personas no pueden solicitar acción diferida a no ser que ya estén en proceso de deportación o audiencia de remoción del país.
La única otra manera para poder solicitar acción diferida para los “soñadores” es ponerse a la disposición de las autoridades revelando la condición de indocumentados, algo que muchos expertos, como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, no consideran recomendable por el momento.
“Si este es el único camino para estos estudiantes, entonces es un incentivo perverso para estos chicos poner al descubierto su presencia ilegal en el país sin la certeza de que van a ser elegibles para trabajar”, consideró.
Entre los aspectos preocupantes en la orden está la falta de claridad sobre los requisitos para poder aspirar a la acción diferida, más allá de los básicos de edades y tiempo de permanencia en el país, como la comisión de delitos menores o felonías.
Olivas se pregunta qué exactamente será considerado como delito menor bajo esta orden, como por ejemplo la detención por manejar sin licencia o sin seguro, situaciones muy comunes entre los “soñadores”, por ser indocumentados.
El experto urge a los jóvenes a que no revelen su condición de indocumentados porque “podrían poner a familiares, especialmente los padres, en riesgo, y así y todo no obtener nada a cambio”.
“La mayor esperanza que pueden tener es el trabajo, que van a obtener menos de la mitad de todos ellos”. EFE
