Washington, 21 ago (EFE).- El estado de Arizona sigue sentando pauta en la lucha sin cuartel contra los indocumentados en EE.UU. y ahora que también Nebraska se niega a otorgar licencias de conducir a estudiantes acogidos a un programa de alivio migratorio.
El Gobierno de EE.UU. puso en marcha el pasado 15 de agosto el plan de “acción diferida” que, siguiendo una directriz de la Administración Obama, permite a los estudiantes indocumentados evitar su deportación y solicitar un permiso de trabajo y una licencia de conducir.
Para solicitar ese alivio, los estudiantes tendrán que demostrar con documentos validos que son menores de 31 años, entraron a EE.UU. antes de cumplir los 16, están inscritos en centros de estudios, y no tienen graves antecedentes penales.
Pero la emisión de licencias de conducir y cédulas de identidad recae en los gobiernos estatales, que desde siempre han protagonizado una lucha de poderes con el Gobierno de Washington en esta materia.
El mismo día en que miles de estudiantes indocumentados comenzaron sus trámites para suspender la deportación, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, emitió una orden ejecutiva para prohibir que se les concedan licencias de conducir.
Brewer, que con su promulgación de la ley SB1070 en 2010 llevó la lucha contra los indocumentados hasta las puertas del Tribunal Supremo este año, argumenta que la “acción diferida” no confiere estatus legal a los estudiantes indocumentados y por lo tanto éstos no pueden recibir licencias de conducir.
Si en 2010 Brewer sirvió de ejemplo a otros gobernadores estatales partidarios de estrechar el cerco a los indocumentados, ahora también se ha puesto en primera fila para negar ese privilegio a los “dreamers” (“soñadores”) amparados bajo este alivio migratorio temporal.
Así, el gobernador republicano de Nebraska, Dave Heineman, dijo el sábado pasado que estos estudiantes no son “ciudadanos legales”, por lo que tampoco podrán obtener licencias.
Se calcula que hasta 1,7 millones de estudiantes indocumentados podrían ampararse al programa migratorio, ya tildado como una versión “lite” del “Dream Act”, el proyecto estancado en el Congreso desde 2010 y que, de ser aprobado, permitiría la legalización de los “dreamers”.
Aunque la “acción diferida” no concede un estatus legal ni es una solución permanente, como ha reconocido el presidente Barack Obama, al menos certifica que durante períodos renovables de dos años, estos jóvenes residen legalmente en este país.
Está claro que la “acción diferida” es un parche temporal para estos jóvenes quienes, pese a las promesas del Gobierno, no tienen garantías de que su información no vaya a ser usada para identificar y deportar a sus familiares indocumentados.
Estos jóvenes quedan a la merced de que los gobernadores les concedan la licencia de conducir, que en EE.UU. hace las veces de una cédula de identidad nacional, o de que decidan cuántos y cuáles servicios pueden recibir.
En algunos estados, como en California, un permiso de trabajo y un documento que certifique la “acción diferida” serían suficiente para que éstos accedan a una licencia de conducir o incluso a matrículas universitarias a precios para residentes del estado.
Otros estados, como Washington, en la costa oeste, y Nuevo México, en el suroeste, no exigen prueban de residencia legal para adquirir una licencia de conducir.
El resto de los estados aún no ha decidido qué hacer, pese a que, a juzgar por la ley federal de 2005 conocida como “Real ID”, los documentos obtenidos en el programa migratorio servirían para conseguir las licencias de conducir.
Arizona y Nebraska, que en su conjunto tienen a más de 100.000 estudiantes elegibles para el alivio temporal, no han adoptado las normas establecidas por la ley “Real ID”.
Ahora también han decidido retar lo que consideran como una medida unilateral orquestada por Obama para obviar el proceso legislativo.
Brewer y Heineman han decidido ensañarse con los jóvenes que fueron traídos a EE.UU. cuando eran menores y sus posturas no son más que una maniobra política para movilizar a los ultraconservadores, cuando quedan menos de tres meses para los comicios generales. EFE
