Los tiempos cambian y seguirán cambiando, a pesar de la ancestral resistencia mostrada por la Iglesia y sus representantes. Ahora la ropa sucia no siempre se lava en casa. A veces se airea en los tribunales. No es el caso de México, claro, donde sigue existiendo una justicia ramplona y de opereta; un estado de derecho clasista que protege a los poderosos, aunque, tratándose de las constantes denuncias por casos de pederastia, no siempre hay congruencia entre sacerdotes y jerarcas -de todos los niveles- del catolicismo en el mundo. En el caso de marras, el Vaticano tiene la percepción de que la elevación a los altares del polaco Karol Wojtyla, el próximo domingo, junto con el papa Juan XXIII, habrá de desatar una polémica internacional tan grande, como fue el pontificado de Juan Pablo II, marcado por los escándalos de pederastia, así como por la protección que le brindó al michoacano Marcial Maciel, fundador defenestrado de los Legionarios de Cristo.
Hoy, el controversial tema volvió a relucir, cuando fiel a su papel y a su próxima jubilación, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda salió en defensa de Wojtyla, al considerar que “es una calumnia en contra del papa Juan (Pablo II), querer llamarlo encubridor…() Era un hombre muy recto de conciencia”, aunque también consideró que quizá “no llegaron a su conocimiento algunos casos”, según la entrevista que concedió a “La Voz de Michoacán”.
El prelado michoacano manejó una tesis evasiva sobre la responsabilidad de la Iglesia en delitos de pederastas, acaso, cuando textualmente señaló que la pederastia no es un delito exclusivo de los sacerdotes, aunque “tristemente” sí ha manchado el prestigio de la Iglesia católica. Y es que el pasado 5 de marzo, el papa Francisco defendió el papel de la misma Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales a niños, en una entrevista con el periódico italiano “Il Corrierre della Sera”. “Nadie ha hecho más” que la Iglesia católica en la lucha contra la pederastia y “es quizá la única institución pública que se ha movido con transparencia y responsabilidad”, afirmó, según el texto que fue reproducido también por el diario “La Nación”, editado en su natal Argentina, a pocos días de cumplirse un año de su pontificado.
La gota que derramó el vaso, por un lado, y encendió nuevamente la polémica, por el otro, ocurrió sin embargo, el 5 de febrero anterior, cuando en un informe elaborado por el Comité sobre los Derechos del Niño, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formuló cuestionamientos inusitadamente severos en contra de la Iglesia católica en los casos de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes. El organismo multinacional acusa al Vaticano de no haber reconocido jamás “la magnitud de los crímenes sexuales” cometidos por sus religiosos y de “no proteger a los menores”; señala que, en consecuencia, los abusos “se siguen cometiendo de forma sistemática, mientras la inmensa mayoría de los culpables disfruta de total impunidad”, y demanda a las autoridades del catolicismo que “destituyan de sus cargos y entreguen a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”, para lo cual pide que haga público el contenido de los expedientes relacionados con estos casos.
Sobre el espinoso tema, el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda -quien viajará esta semana al Vaticano para estar el domingo próximo en la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II-, habría dicho a “La Voz de Michoacán” que “gracias a Dios” a su arquidiócesis no ha llegado ninguna denuncia sobre ese tipo de delitos. Sin embargo, nadie del mundo católico puede soslayar que hace apenas una semana el papa Francisco también se vio obligado a pedir disculpas personalmente por los delitos sexuales cometidos contra niños, cuando declaró: “Me siento obligado a responsabilizarme de todo el mal que algunos sacerdotes han hecho por haber abusado sexualmente de niños…() La Iglesia está al tanto de este daño, es personal, un daño moral llevado a cabo por hombres de la Iglesia y no daremos un paso atrás respecto a cómo lidiaremos con este problema y las sanciones que deben imponerse”.
Para Suárez Inda, “es de sentido común” estar en contra de esos delitos criminales. “Es algo que duele y que ha sido una herida, en algunos países realmente ha sido un escándalo, pero repito: no es exclusivo de la Iglesia católica ni de los sacerdotes (¡¡!!)”.
Lo más aberrante de todo lo que aquí se ha señalado, es que en enero de 2007, la Arquidiócesis de México determinó que “no tiene la obligación de denunciar a un clérigo culpable de abuso sexual”. Aseguró que la ley debe proceder contra el causante del ilícito “solamente por queja del ofendido o su representante”, según se deriva del compendio “Criterios de la Arquidiócesis de México en relación con comportamientos inadecuados, principalmente con menores, que pudieran suceder por parte de clérigos”, presentado por el obispo auxiliar Marcelino Hernández Rodríguez en la “Gaceta Oficial de la Curia”, con fecha enero-junio 2007, y ordenado por el cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien en septiembre de 2006 se acusó, en Estados Unidos, de presunto encubrimiento del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar Rivera. (“La Jornada” Octubre 15 de 2007).
En noviembre pasado (2013), el arzobispo José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, reconoció que cada año más de 3 mil religiosos y religiosas abandonan la vida consagrada. De acuerdo con las cifras de la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados, hay alrededor de 413 mil sacerdotes ordenados en el mundo y, aunque oficialmente no son reconocidos, 159 mil (38.5 por ciento) están desposados (“La Jornada”, febrero 24 de 2014).
La cifra de sacerdotes pederastas en el mundo es impredecible, debido a que se trata de delitos ocultados por la propia Iglesia y soslayados por los tribunales, en un criminal e hipócrita contubernio que excepcionalmente se castiga.
