México, 25 abr (EFEUSA).- Los expertos de la CIDH han dejado al descubierto graves fallas en la investigación de la desaparición de 43 jóvenes en 2014 y, en general, de la justicia penal en México, pero el Gobierno no solo se resiste a reconocerlas sino que cerró la puerta a ese equipo que ha arrojado luz sobre la tragedia.
Mientras la fiscalía asegura que se trata de la investigación penal “más exhaustiva” en la historia del país y que ha colaborado plenamente con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), éste denuncia obstrucción de la justicia y a su trabajo, así como la intención de cerrar el caso.
A partir de las irregularidades halladas en las pesquisas, el grupo advierte fallas estructurales en el sistema de investigación tales como destrucción o pérdida de evidencias, falencias en toma de declaraciones, preponderancia de confesiones, incapacidad de analizar pruebas, criminalización de víctimas y renuencia a investigar altos mandos.
En su segundo informe del caso publicado el domingo, el GIEI critica la ausencia de un análisis del contexto en que se producen los crímenes y la dependencia de los servicios periciales a la fiscalía, la cual compromete la imparcialidad en la investigación.
En relación al caso de los 43, el GIEI denuncia un “rechazo latente” a versiones distintas a la quema de jóvenes en un basurero municipal en Cocula, a investigar el papel del Ejército y a entregar evidencia sobre lo ocurrido, como reportes de inteligencia, fotos y vídeos. Asimismo, documenta casos de tortura a cuando menos 17 detenidos.
Entre las irregularidades cometidas los expertos aluden a una diligencia encabezada por el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Tomás Zerón, realizada en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, de la que no hay constancia en el expediente.
El GIEI divulgó imágenes de dicha inspección -durante la cual se colectó evidencia y en la que participó uno de los inculpados-, donde se observan dos bolsas, al menos una de ellas con restos humanos carbonizados.
Ello es importante porque al día siguiente, según el expediente, fue hallada una bolsa similar en el mismo lugar con restos óseos a partir de los cuales fue identificado Alexander Mora, el único de los 43 cuya muerte se ha comprobado científicamente.
Los forenses argentinos que participan también en el caso advirtieron en diciembre de 2014 que no habían sido testigos del hallazgo del fragmento que permitió esa identificación, pues cuando llegaron al lugar la bolsa ya estaba abierta y la muestra colocada en un área de limpieza.
Los padres de las víctimas acusaron hoy a Zerón de “sembrar” pruebas y pidieron su destitución, mientras la fiscalía prometió el domingo analizar el material presentado por el GIEI para determinar lo conducente.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dijo que “no hay nada oculto” y negó que obstaculizara el trabajo de los expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso, agradeció sus aportaciones y reiteró que seguirá trabajando para que haya justicia.
Sin embargo, puso punto final al mandato del GIEI pese a las demandas de los familiares de las víctimas de que el equipo continuara su labor hasta conocer el paradero de los jóvenes, lo que pone en entredicho la voluntad del Ejecutivo para llegar a la verdad.
Mario Patrón, director del organismo civil que representa a las víctimas en el caso, dijo que la decisión de no renovar el mandato es la “historia de una distancia anunciada”, ya que desde el primer informe del GIEI hubo elementos que incomodaron “mucho” al Gobierno hasta el punto de que el grupo fue blanco de una campaña de desprestigio.
Entre tales elementos destacan que situara que los hechos en un “contexto de macrocriminilidad” que rebasa el ámbito local y que insistiera en la necesidad de investigar la participación de instituciones federales e interrogar a miembros del Ejército sobre los hechos, apuntó en una reciente entrevista con Efe.
Para organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la respuesta oficial a este caso es “la trágica ilustración” de la actitud de la actual Administración ante los derechos humanos: “Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen”.
Según la versión de la fiscalía, los 43 jóvenes o una buena parte de ellos fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, lo que ha sido rechazado por los familiares, el GIEI y el equipo forense argentino en virtud de que no hay evidencias científicas de ello. EFEUSA
