El escándalo ocurrido en la Ciudad de Bell tras conocerse los supersueldos de los funcionarios públicos provoca varias preguntas: ¿antes de la investigación periodística ningúna instancia de gobierno tenía conocimiento de esta irregularidad?
Los fiscales locales, regionales y estatatales ¿no estaban al tanto de estos pagos? ¿tampoco las asociaciones de alcaldes de California y los Estados Unidos?
Hasta ahora, las explicaciones que se han dado es de que la pequeña ciudad de Bell no tenía una comunidad lo suficientemente participativa como para evitar estos abusos. Probablemente el problema va más allá. Lo que nos dice este escándalo es que las asociaciones de alcaldes, como las de otros funcionarios solo son agrupaciones para darse espaldarazos y que las instancias burocráticas para fiscalizar el “buen gobierno” se preocupan más en escándalos sexuales y temas micropolíticos, que en aspectos que afectan a comunidades amplias, como es el caso de Bell.
Pedir una explicación de por qué ocurren este tipo de abusos, conllevaría una letanía de leyes, códigos y argumentos que abrumarían al ciudadano común.
Lo menos que se puede esperar ahora es que los fiscales regionales y estatales den una respuesta clara a lo que se va a hacer para que esto no se vuelva a repetir.
