Nueva York, 18 dic (EFEUSA).- El Departamento de Justicia federal y su fiscalía en Manhattan ha presentado una demanda en contra de la ciudad de Nueva York que busca poner fin a violaciones de los derechos civiles de adolescentes en la cárcel municipal de Rikers Island, muchos de ellos con enfermedades mentales.
Las autoridades federales tomaron la acción tras no llegar a un acuerdo con la ciudad para comprobar los avances de la reforma que habían exigido en esa prisión a fin de frenar la violencia contra los jóvenes, entre 16 y 18 años de edad.
El pasado agosto la fiscalía dio a conocer un informe, tras casi tres años de investigación, que reveló “una generalizada y arraigada cultura de violencia en el Departamento de Corrección”, contra jóvenes que son víctimas de palizas rutinarias como una forma de controlar la población, confinamiento excesivo en solitaria y peleas entre los chicos sin intervención de los custodios.
Una de las más de 70 recomendaciones entonces fue poner fin a los confinamientos en solitario, lo que precisamente anunció el miércoles el alcalde Bill de Blasio tras una visita a Rikers.
Pero, eso no es suficiente. Las autoridades federales consideran que no se ha hecho suficiente y buscan que se acelere el proceso de reformas.
“A pesar de que el nuevo liderazgo del Departamento de Corrección (su director Joseph Ponte fue nombrado en abril) ha dado algunos pasos positivos en respuesta a ese informe, todavía hay mucho por hacer”, indicó la fiscalía, que también presentó un documento en la corte federal pidiendo se les permita unirse al pleito de clase presentado este año contra la ciudad por la violación de los derechos civiles de los internos en Rikers Island.
El caso Núñez contra la ciudad de Nueva York al que buscan unirse alega que Corrección ha creado una cultura de violencia al no lograr disciplinar a sus oficiales a los que promocionó a diversos cargos.
Los 12 jóvenes que presentaron la demanda alegan haber sufrido fracturas y severas contusiones que les llevaron a problemas neurológicos así como lesiones internas.
Entre los argumentos presentados en la demanda de hoy, las autoridades federales alegan que el personal usa la fuerza contra los jóvenes “con alarmante frecuencia” y cita que durante el último año se reportaron 533 quejas de brutalidad que resultaron en 1.088 lesiones.
También menciona que ese uso de la fuerza, de personal de Corrección contra los internos o entre los mismos jóvenes ha resultado en mandíbulas y huesos rotos y otras laceraciones.
Igualmente argumenta que el uso de fuerza ha ocurrido en respuesta a insultos o provocaciones de los jóvenes, y que ocurren en áreas donde no hay vídeo de vigilancia.
Indica la demanda que pese a ese historial en la cárcel municipal, la ciudad ha fallado en asegurar que esos casos sean adecuadamente reportados y en su lugar ha permitido que persista el código del silencio. Se alega que además ha fallado en realizar una investigación amplia de lo ocurrido.
El Departamento de Justicia también asegura que la ciudad ha fallado en disciplinar apropiadamente al personal por uso de fuerza y de entrenarlos para lidiar con jóvenes; en proveer una adecuada supervisión a los menores y de clasificación de los internos.
Destaca además el patrón y la práctica de castigar a los menores con la segregación de forma alarmante y por periodos excesivos.
El Departamento de Justicia señaló además en la demanda que pese a que se han estado reuniendo con la ciudad desde el pasado agosto, cuando se dio a conocer el informe, para discutir las reformas recomendadas, en las que han participado abogados del caso Núñez, “ha estado reacia” a comprometerse con los cambios necesarios para salvaguardar la seguridad y derechos de los jóvenes.
Cuando Pontes asumió la dirección de Corrección se comprometió con restringir el uso de la fuerza y mejorar el cuidado a los jóvenes con problemas de salud mental.
En 2013, aproximadamente el 51 % de esos jóvenes sufría de algún problema de salud mental, según el estudio, que destacó además que tienen menos probabilidad de salir bajo fianza porque provienen de familias pobres. EFEUSA
