Tucson (AZ), 23 jun (EFEUSA).- El Departamento de Policía de la Ciudad de Tucson (TPD) continúa arrestando y entregando inmigrantes indocumentados a la Patrulla Fronteriza bajo la ley estatal SB1070, a pesar de las promesas de cambio en la aplicación de esta medida, denunciaron activistas.
Uno de estos casos es el de la inmigrante mexicana Miriam Pérez, que, junto con sus tres hijos, sufre en carne propia los efectos de la aplicación de la controvertida ley después de que su esposo fuese entregado por la policía local a la Patrulla Fronteriza.
El esposo de Pérez, Román Escobar, fue detenido el pasado día 8 en el sur de la ciudad de Tucson, por lo que ahora Pérez debe vender comida tres veces a la semana en una iglesia en el sur de la ciudad de Tucson para sobrevivir.
“Siempre habíamos vivido con miedo de que algo así nos pasara, tratábamos de salir lo menos posible a la calle, dejamos de ir a fiestas y solo salíamos cuando era necesario”, dijo a Efe Pérez.
Indicó que no sabe por qué detuvieron el auto donde viajaba la pareja junto a una de sus hijas.
El agente argumentó que sus placas estaban vencidas, algo que ella niega, aunque su esposo manejaba con una licencia de conducir mexicana caducada, al igual que el seguro del auto.
En Arizona, es imposible que un inmigrante indocumentado pueda obtener una licencia de conducir debido a una ley estatal que exige demostrar el estatus migratorio legal en el país.
La mujer relató que al principio el agente de policía le dijo a Escobar que le impondrían una multa, pero después llegó otra patrulla del Departamento de Policía del Ciudad de Tucson (TPD) y le dijeron que, además de confiscarle el auto, lo entregarían a la Patrulla Fronteriza.
“Mi esposo me dijo, me van a llevar, mejor sal de aquí, no quiero que nuestra hija vea cómo me llevan”, recordó la inmigrante, originaria de Veracruz.
La ley estatal SB1070, que entró en vigor en 2010, permite a los departamentos policiales cuestionar el estatus migratorio de aquellos que “sospechan” se encuentran de manera ilegal en el país y de entregarlos a Inmigración.
Ante la presión de la comunidad y de organizaciones comunitarias, el pasado mes de diciembre Roberto Villaseñor, jefe del TPD, anunció nuevas políticas internas y aseguró solo contactarían con la Patrulla Fronteriza en caso de que las personas tuvieran antecedentes criminales.
En respuesta al arresto de Escobar, la Coalición de Redes de Protección en Tucson pedirá explicaciones al Concilio de la ciudad sobre los motivos que, en su opinión, llevaron al cambio de política.
“Queremos saber por qué sigue esta cooperación con la Patrulla Fronteriza cuando se había dicho otra cosa”, dijo a Efe Belem Chagolla, representante de la coalición.
Reconoció que desde que el jefe de policía anunció este cambio de política, las detenciones disminuyeron, pero aparentemente no en todos los casos.
“No queremos que se esté deteniendo a la gente solo por perfil racial, por el auto que manejan, que esto sea la causa para una deportación”, dijo la activista.
La aplicación de la SB1070 varía en Arizona en función de la interpretación que le dé cada departamento de policía.
Por ello, la preocupación existente entre los activistas después de que Villaseñor anunciara que se retirará a finales de este año.
El nuevo jefe de policía en Tucson tendrá en sus manos la decisión de cómo se aplicara la SB1070, especialmente la sección 2(b), conocida popularmente como la regulación “muéstrame tus papeles”.
Por su parte, Kimberly Bay, vocera de TPD, aseguró a Efe que los cambios anunciados por Villaseñor siguen en pie, y que en la detención de Escobar se aplicó el protocolo existente y que el inmigrante mexicano fue entregado a la Patrulla Fronteriza por que cuenta con una felonía en su registro criminal.
Sin embargo, su familia y activistas niegan este extremo y aseguran que lo están “criminalizando” por haber reingresado de manera ilegal al país.
Mientras tanto, Pérez busca poder mantener a sus tres hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses, mientras se define la situación migratoria de su esposo, quien se encuentra en el centro de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florence, Arizona.
“Me han dicho que por lo menos pasara cinco meses ahí detenido, y quizás tengamos que pagar hasta un abogado. Por el momento, lo único que quiero es juntar el dinero para pagar la renta y no me saquen a la calle”, dijo. EFEUSA
