Washington, 27 abr (EFEUSA).- El Tribunal Supremo evaluó hoy el caso de corrupción del exgobernador republicano de Virginia Robert McDonnell, que fue condenado a dos años de prisión por recibir 177.000 dólares en regalos a cambio de favores políticos.
Durante una audiencia de una hora, algunos de los ocho magistrados que componen actualmente la máxima instancia judicial del país cuestionaron varios cargos de corrupción por los que McDonnell fue condenado en 2014 y consideraron que la ley federal contra sobornos es “amplia”.
“Como mínimo, se abre la posibilidad de que (McDonnell) sea juzgado de nuevo”, consideró después de la audiencia el analista Lyle Denniston, que como periodista cubrió durante medio siglo el Tribunal Supremo y actualmente analiza los casos en el blog de la corte.
El presidente del Supremo John Roberts y el juez Stephen Breyer cuestionaron que sea un delito criminal aceptar regalos de lujo, ropa, viajes y hasta préstamos, como hizo McDonnell, el primer exgobernador de Virginia en ser condenado por un delito, y su esposa.
Los regalos procedían de un rico empresario de Richmond, llamado Jonnie Williams, propietario de la compañía de productos alimenticios Star Scientific y que quería que McDonnell promocionara un suplemento alimenticio creado por su empresa.
Según salió a relucir en el juicio contra McDonnell, esa empresa consiguió acceso a altos funcionarios y a la mansión del gobernador para celebrar eventos promocionales de suplementos alimenticios no aprobados por la Administración para Alimentación y Fármacos (FDA, por su sigla en inglés).
Durante la audiencia, el juez Roberts llegó a sugerir que los delitos por los que fue condenado McDonnell son “tan amplios” que podrían llegar a ser “inconstitucionalmente vagos” porque podrían llevar a que se tipifiquen como delito las reuniones con los donantes de campañas políticas.
Por su parte, Breyer consideró “peligroso para la separación de poderes” el poder “casi incontrolable” que tiene un fiscal para enjuiciar a un político.
Frente a ellos, la octogenaria magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg alertó de la “corrupción inherente” que reside en la idea de que los políticos puedan aceptar pagos para facilitar encuentros de forma natural para conceder favores políticos y sin enfrentarse a ninguna consecuencia legal.
“Cualquier funcionario del Gobierno podría decir: ¿quiere una reunión? Pues deme mil dólares”, puso de ejemplo Ginsburg.
El exgobernador y su mujer asistieron a la audiencia en silencio y se sentaron en la segunda fila de espectadores.
McDonnell, de 61 años y gobernador de Virginia entre 2010 y 2014, llegó a sonar como posible candidato a la Presidencia o la Vicepresidencia para las elecciones de 2016, pero el juicio por corrupción frenó en seco su carrera política.
La decisión del Tribunal Supremo se producirá posiblemente en junio y, si se produce un empate entre los ocho jueces que conforman actualmente el tribunal, quedaría intacta la decisión de la corte anterior, por lo que se mantendría la sentencia de dos años de prisión para McDonnell y el año de cárcel para su esposa.
Esa extraña circunstancia se produciría si sigue vacía la silla del juez conservador Antonin Scalia, fallecido en febrero.
La condena y posterior recurso de McDonnell ante el Tribunal Supremo ha generado notable atención mediática, similar a la que se produjo durante el proceso en 2012 contra el excandidato a la Vicepresidencia John Edwards, quien finalmente fue absuelto de varios cargos por presunto uso ilegal de fondos de campaña. EFEUSA
