México, 12 feb (EFEUSA).- Amnistía Internacional (AI) expresó hoy su preocupación por la “afectación continuada” de los derechos humanos de la etnia yaqui, ocasionada por la construcción de un acueducto en sus territorios, y exigió al Gobierno mexicano su protección inmediata.
“La consulta previa, libre e informada es una piedra angular de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, en el caso de la tribu yaqui, los Gobiernos estatal y federal no han realizado dicho proceso y no se ha obtenido el consentimiento de la comunidad para la realización del acueducto”, apunta en un documento el director de AI México, Perseo Quiroz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hace unos meses que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se llevara a cabo dicho proceso conforme a los estándares internacionales.
La Corte ordenó además que la Autorización de Impacto Ambiental quedara insubsistente y que se realizara un nuevo informe de impacto ambiental que debía ser entregado a la comunidad, un pueblo indígena que habita en el noroccidental estado de Sonora, en su propia lengua.
Sin embargo, nueve meses después de esta resolución, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha entregado a la comunidad el informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que se debieron de haber sido realizados como parte del proceso de consulta, denuncia AI.
Por esto, exhortó a la Semarnat a presentar inmediatamente el estudio de impacto ambiental y el peritaje antropológico necesarios para dar continuidad al proceso de consulta, ya que de no hacerlo “viola el deber de debida diligencia que debe guiar la actuación estatal ante la posibilidad de daños irreparables a la tribu yaqui”.
Durante el proceso de consulta, recordó AI, Mario Luna y Fernando Jiménez, líderes de la etnia, fueron detenidos por su supuesta participación en el robo de un vehículo y privación de la libertad de un miembro de la comunidad yaqui.
“AI ha examinado el expediente judicial y teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la tribu yaqui ha hecho de su derecho al agua” y por ello exigen que se garantice “el debido proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto”. EFEUSA
