Tucson (AZ), 22 jul (EFEUSA).- Isabel García ha dedicado gran parte de su vida a la lucha por los inmigrantes en Arizona y desde su posición como directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona batalla sin cesar contra las políticas migratorias de EE.UU., las responsables de las “continuas violaciones a los derechos civiles” en la frontera.
Una imagen común en protestas y marchas a favor de los inmigrantes, García, de 62 años de edad, crítica en entrevista con Efe la militarización de la frontera y la “criminalización” de los indocumentados, y que no detienen el flujo de personas en su afán de llegar a Estados Unidos.
Hija de Rodolfo “Rudy” García, uno de los fundadores del sindicato de trabajadores mineros de la región, la activista originaria de Tucson y cuarta generación de mexicanos en este país, lleva en la sangre la lucha a favor de aquellos que “no tienen voz”.
“Mi papá me enseñó que todos somos responsables, no importa de dónde vengamos, si todos tuviéramos ese pensamiento tendríamos un mundo muy distinto”, señaló García, quien recuerda junto a su familia participó desde pequeña en siete huelgas organizadas por los trabajadores del cobre.
“Sin saberlo, mi padre siempre me preparó para ser abogada”, afirmó la activista, graduada en leyes por la Universidad de Arizona, centro de estudios en donde, según rememora, comenzó a escuchar “cosas antiinmigrantes, antimexicanas”.
La vida de García dio un cambio radical en abril de 1976, cuando las autoridades llegaron sin aviso hasta el Concilio Manzo, un centro comunitario en Tucson que brindaba ayuda los inmigrantes indocumentados.
“La patrulla fronteriza, los alguaciles federales y el procurador de Justicia invadieron la oficina, se llevaron récords legales, presentando cargos a los trabajadores de tráfico humano, esto a pesar de que solo asistían a las personas llenando formularios”, recordó la activista.
Los arrestos ocurrieron un viernes y el lunes siguiente Isabel García se presentó como voluntaria e inició así un camino de casi 40 años en defensa de los inmigrantes.
Como directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, cada año participa en la marcha que recuerda a los inmigrantes indocumentados que mueren en el desierto de Arizona.
“Nuestros mismos tratados de comercio han terminado con sus fuentes de empleo en sus países, y eso los obliga a venir a nuestra frontera”, manifestó.
La militarización de la frontera que incrementó la vigilancia en estados fronterizos como California y Texas generó, en su opinión, un efecto que trajo la inmigración ilegal hasta el desierto de Arizona y, con ello, obligó a los indocumentados a cruzar el desierto en trayecto de varios días, y bajo temperaturas que en verano superan los 100 grados Fahrenheit.
García fue una de las primeras en denunciar la presencia de grupos paramilitares como el Movimiento Minuteman en la frontera de Arizona, además de ser una fuerte crítica de la “criminalización” de los indocumentados a través del programa federal de Streamline.
Bajo esta iniciativa, implementada en Tucson en 2008, cada día 70 inmigrantes indocumentados son procesados y sentenciado en la Corte Federal por ingresar de manera ilegal a los EE.UU.
En 2010, García denunció que Arizona era un “laboratorio” de políticas antiinmigrantes, tras la implementación de la ley estatal SB1070, legislación que otorgó por primera vez en la historia del estado el derecho a los departamentos policiacos de cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechen” son inmigrantes indocumentados.
En opinión de García, el poder “sin medida” que se le ha otorgado a agencias federales como la Patrulla Fronteriza ha creado una cultura de impunidad que afecta directamente a las comunidades fronterizas.
“Hemos permitido como sociedad crecer como un monstruo al Departamento de Seguridad Nacional, el cual nos aplasta a todos, sin importar si eres ciudadano o un inmigrante indocumentado”, enfatizó.
Con los años, García se ha convertido en blanco de fuertes críticas de grupos antiinmigrantes, e incluso ha recibido amenazas de muerte, sin embargo nada de ello la amilana de cumplir con su “responsabilidad cívica”.
“Debemos preocuparnos más por los inmigrantes indocumentados, la gente vulnerable que viene huyendo la pobreza y la violencia que nuestras mismas políticas han creado en sus países. Esas son las personas por las que de verdad me preocupo”, afirmó. EFEUSA
