San Diego (CA), 18 dic (EFEUSA).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) señaló hoy que los mexicanos en California que firmaron su “deportación voluntaria” podrían regresar al país y aplicar para una residencia legal.
Pese a que el anuncio en materia de inmigración hecho por Obama no proporciona ninguna posibilidad a los deportados de regresar a Estados Unidos, algunos mexicanos que fueron hostigados para firmar partida voluntaria, podrían hacerlo y una vez en el país, verificar si pueden beneficiarse por dicha acción ejecutiva.
La afirmación se basa en una resolución que dio a conocer este año el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés), mediante el cual se obliga a las autoridades federales a informar a los inmigrantes las consecuencias que conlleva la firma de una “deportación voluntaria”.
Este recurso, resultado de una demanda que interpuso ACLU en junio de 2013 contra la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), beneficia únicamente a quienes fueron procesados por agentes federales en el sur de California entre el 1 de junio de 2009 y el 18 de agosto de este año que al momento de firmar su deportación voluntaria hubieran podido calificar para un tipo de alivio migratorio.
“Si alguien proviene de nuestra clase (demanda colectiva) y regresa a los Estados Unidos, es posible que califique (para la acción ejecutiva)”, recordó el abogado de ACLU en San Diego, Bardis Vakili en conferencia telefónica.
“El acuerdo dice que las personas que regresan, regresan como si nunca se hubiera dado su salida y esa es una de las calificaciones para la acción ejecutiva”, afirmó.
En junio del año pasado, la ACLU interpuso una demanda al considerar que agentes de ICE hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.
Dicha demanda colectiva, que se encuentra en proceso de resolución, podría permitir que quienes califican y firmaron estos documentos regresen al país para tener la oportunidad de buscar un estatus legal.
Hasta ahora, el tribunal ha aprobado el acuerdo de forma preliminar y a principios del próximo año se celebrará una audiencia para decidir si se concede o no la aprobación final.
“Estamos esperando y ojalá todo finalice tal vez para el 9 de febrero”, manifestó la directora de ACLU en los Condados de San Diego e Imperial, Norma Chávez Peterson.
“En cuanto esta aprobación sea final vamos a tener un periodo de información y las aplicaciones no van a ser procesadas hasta tres meses después”, señaló.
Aclaró que únicamente ACLU y otras once organizaciones que serán aprobadas por el gobierno serán las encargadas de procesar las solicitudes y por ello pidió a los inmigrantes mexicanos deportados tras verse obligados a firmar su salida voluntaria a informarse y evitar ser víctimas de fraude.
La directora de ACLU en San Diego dijo que desde que se anunció este acuerdo a finales de agosto su oficina ha recibido cerca de 30 llamadas o correos electrónicos semanales, solicitando información al respecto.
Ante la posible presencia de estafadores ACLU ha dispuesto la página web salidavoluntariaacuerdo.com., con datos sobre quienes pueden regresar a EEUU tras firmar su salida voluntaria. EFEUSA
