MÉXICO, D.F., diciembre 2 (EL UNIVERSAL).- En su primer día de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto y dirigentes de las principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, suscribieron el “Pacto por México”, con el cual -dijo- se emprenderán las reformas que el país necesita.
“Como presidente de México, estoy comprometido en hacer mi parte. Me propongo ser un factor de encuentro, de unidad, de diálogo propositivo y constructivo”.
En el Castillo de Chapultepec, Peña Nieto aseguró que este pacto nacional es “inédito y trascendente”, pues no surge de la necesidad de enfrentar una emergencia, sino de la voluntad de cambiar al país.
El jefe del Ejecutivo dijo que “este acuerdo no sustituye ni limita el proceso legislativo”, pues consideró que “lo fortalece y abre una nueva vía para encontrar mayorías” y, al mismo tiempo, “blinda” la agenda del Congreso de “coyunturas político-electorales en los asuntos esenciales”.
El Presidente afirmó que el acuerdo parte de cinco ejes en los que estuvieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, como son: transformar al país en una sociedad de derechos; fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, así como lograr la seguridad y justicia; incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.
“La firma del Pacto por México demuestra que los mexicanos sí podemos ponernos de acuerdo. Es prueba inequívoca de que con voluntad política y visión compartida de futuro, la transformación de nuestro país será posible”, dijo Peña Nieto ante integrantes de su gabinete, líderes de partidos, legisladores, gobernadores y mandatarios electos, entre otros invitados.
El Presidente hizo un llamado a las otras fuerzas políticas a sumarse a este pacto, así como a la sociedad a informarse y suscribirlo para que se convierta en un gran acuerdo social.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, explicó que “desde hace dos meses se trabajó con los partidos para lograr este pacto y que, de entrada, el gobierno federal presentará tres iniciativas al Congreso”.
Las reformas educativa, que busca elevar a rango constitucional el servicio profesional docente; en telecomunicaciones, para abrir dos nuevas cadenas de televisión, y otra para crear la ley nacional de responsabilidad hacendaria y deuda pública para las entidades federativas y municipios.
Dijo que habrá un consejo rector encargado de calendarizar e instrumentar los acuerdos entre las fuerzas políticas. Este órgano estará integrado por tres representantes nombrados por el Presidente y nueve nombrados por los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD.
Habrá una comisión técnica y, además, se invitará a personajes destacados de la sociedad civil organizada para dar seguimiento.
Entre las reformas más importantes, el Ejecutivol y los partidos retomaron los compromisos de campaña y la demandas de la de oposición, entre los que destacan el crear un sistema de seguridad universal.
En materia de derechos humanos se platea crear una ley para la reparación del daño; otra ley para el uso legítimo de la fuerza pública; y fortalecer el marco legal para atender los actos de tortura, trato cruel, inhumano, así como la desaparición forzada.
En el eje dos, Desarrollo Económico, Empleo y Competitividad, se estableció que en el ámbito de telecomunicaciones se platea generar mayor competencia en telefonía fija, celular, servicios de datos y televisión abierta.
Lo anterior, por medio de una modificación Constitucional para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha; licitar más cadenas de televisión abierta y combatir a los monopolios.
Además, se propone una reforma energética donde el petróleo y el gas sigan siendo propiedad de la nación, pero se permita la competencia en los procesos de refinación y producción de hidrocarburos, así como expedir una nueva ley de explotación minera.
En Seguridad y Justicia se acordó crear la gendarmería nacional, iniciativa que ya fue presentada y que la oposición PAN-PRD hasta el jueves pasado tenía congelada, además de implementar un plan nacional de prevención y participación ciudadana en los municipios con más violencia del país.
En transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, se acordó crear un consejo nacional para la ética pública con la participación de la sociedad civil, a fin de dar seguimiento a las acciones contra la corrupción.
En el eje de gobernabilidad democrática se planteó impulsar una reforma Constitucional que le de facultades al Presidente para gobernar con minoría política o a través de coalición legislativa o de gobierno, así como adelantar la fecha de toma de protesta del Presidente al 15 de septiembre y crear una ley de partidos.
También impulsar una reforma electoral que reduzca el gasto en los partidos, disminuya los topes de campaña, incorporé la nulidad de la elección en los casos de rebase de los topes de gastos de campaña, utilice recursos al margen de la ley, y la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas.
