México, 4 sep (EFEUSA).- México no ha cumplido sus obligaciones internacionales en cuanto a prevención y castigo de la violencia sexual contra las mujeres en custodia de las autoridades, señaló hoy la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI).
Amnistía dio a conocer en Ciudad de México su reporte “Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México”, en el que cita la violación y otras formas de violencia sexual como uno de los métodos de tortura más habituales en el país.
El documento señala que las mujeres son especialmente vulnerables a esta forma de tortura cuando están bajo custodia, “y sin embargo las detenidas son recluidas en bases militares e instalaciones policiales a cargo de varones sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física”.
De acuerdo con AI, el trauma infligido a estas mujeres, combinado con la falta de acceso a una atención médica inmediata, imparcial y sensible al género, hace muy difícil que denuncien.
“El impacto psicológico de estas torturas suele verse exacerbado cuando exigir justicia requiere a menudo ser sometidas a reiterados exámenes médicos durante varios años”, indica el informe.
Refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México que elabore protocolos y procedimientos sensibles al género para investigar la violencia sexual.
“Esto no se ha llevado a cabo y los casos que se documentan en este informe indican que las denuncias de violencia sexual contra mujeres bajo custodia no se investigan efectivamente”, subraya.
Como caso emblemático cita el de las sobrevivientes de violencia sexual a manos de policías el 3 y el 4 de mayo de 2006 durante la represión a un movimiento de protesta en San Salvador Atenco (Estado de México), en momentos en que era gobernado por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.
En esos hechos, más de 200 manifestantes, incluyendo 47 mujeres, fueron detenidos en una operación conjunta de las policías federal, estatal y municipal, en la que predominó el uso excesivo de la fuerza y la tortura.
Al menos 26 mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por la policía estatal mientras eran trasladadas a prisión, apuntó AI.
Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte emitieron recomendaciones en las que pedían que los perpetradores respondieran ante la justicia y que las sobrevivientes recibieran reparación, ningún funcionario fue acusado de tortura.
Un policía fue acusado del delito menos grave de “actos libidinosos” y otros 21 de abuso de autoridad, pero todos fueron absueltos por falta de pruebas, consecuencia a su vez de una investigación llena de defectos, señaló la agrupación.
Sólo cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012 se dictaron órdenes de detención contra dos expolicías, que fueron acusados de tortura y permanecían detenidos al ser redactado el informe, a la espera del resultado del proceso judicial.
Amnistía relata que las mujeres siguen luchando por una investigación exhaustiva y para que las decenas de funcionarios implicados respondan ante la justicia, al tiempo que el caso está en espera de la resolución de la CIDH.
“A día de hoy estamos esperanzadas, seguimos firmes en la construcción de la justicia y de la memoria, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, dijo Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual en San Salvador Atenco, citada por AI. EFEUSA
