Austin, 3 mar (EFEUSA).- La coalición de estados que demandó las medidas ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama solicitó hoy al juez federal Andrew Hanen que mantenga la suspensión tras el recurso presentado por el Gobierno la semana pasada.
Los estados esperaron hasta hoy para realizar la petición, cuando vencía el plazo otorgado por Hanen a la coalición opositora para responder al recurso de urgencia interpuesto por el Departamento de Justicia contra la suspensión de las medidas dictada por el juez el pasado 16 de febrero.
El procurador general de Texas, que lidera a los 26 estados demandantes, Ken Paxton, aseguró en un comunicado que el juez Hanen “detuvo correctamente la acción ilegal de la Administración Obama” y dijo que “la petición de los demandantes para detener el dictamen debe ser negada”.
“Una vez que el presidente Obama inicie esta acción, será prácticamente imposible de revertir”, agregó el procurador general del estado sureño argumentando sus razones para mantener la suspensión de las medidas que regularizarían a más de cinco millones de indocumentados.
Cuando el Departamento de Justicia interpuso el recurso el pasado lunes, dio 48 horas a Hanen para levantar la suspensión antes de acudir a instancias superiores, en este caso la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, con jurisdicción sobre Texas.
El juez Hanen pidió a los 26 estados demandantes que se pronunciaran sobre el recurso.
Ahora, Hanen deberá responder al recurso presentado por el Gobierno y decidir si mantiene la suspensión de las medidas ejecutivas o por lo contrario autoriza su implementación.
De momento, la decisión judicial ya impidió la entrada en vigor de la primera parte del plan ejecutivo que consiste en la ampliación de un programa de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.
Además de a la ampliación de la DACA para jóvenes, el fallo del juez Hanen afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que pretende amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y cuyo inicio está previsto para mayo.
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el número de beneficiarios: 3,7 millones pueden solicitar la aplicación de la DAPA y 1,2 millones la DACA. EFEUSA
