Phoenix (AZ), 3 nov (EFEUSA).- Organizaciones comunitarias en Arizona pidieron hoy una pronta respuesta por parta de la Administración del presidente Barack Obama para frenar las deportaciones y separaciones de familias ante el bloqueo judicial de la implementación del programa DAPA y la expansión de DACA.
“Ya no podemos seguir esperando, estamos en un punto crítico para la comunidad inmigrante”, dijo hoy a Efe Francisca Porchas, representante del grupo Puente con base en Phoenix, Arizona.
El próximo 20 de noviembre se cumple una año del anuncio hecho por Obama sobre el programa de la Acción Diferida para la Responsabilidad de los Padres (DAPA) y la expansión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) para los jóvenes indocumentados que no calificaron para el programa en 2012.
La implementación de estas medidas administrativas se vieron frustradas después que una coalición de gobernadores, en su mayoría republicanos y encabezados por Texas ,presentaran una demanda ante la corte federal en su contra a inicios de año.
Millones de inmigrantes indocumentados se encuentran a la espera de una pronta decisión por parte del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, en donde los jueces analizan la legalidad de las acciones ejecutivas de Obama.
Mientras tanto, grupos como Puente en Arizona están urgiendo a la presente administración a hacer más para frenar las deportaciones.
“Hay más de una manera de parar las separaciones de las familias, no solo las órdenes ejecutivas, sino el poder del presidente para terminar con la aplicación de todas estas medidas y legislaciones antiinmigrantes”, aseguró Porchas al término de una conferencia de prensa en el capitolio estatal en Phoenix.
Hasta agosto pasado, el Gobierno del presidente Obama había deportado a cerca de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados, según datos de ICE.
La coalición de organizaciones en Arizona, entre ellas Mi Familia Vota, Neighborhood Ministries, Promesa Arizona, One Arizona y la Coalición del Acta Sueno (ADAC), entre otras, solicitaron se suspenda la colaboración de las agencias estatales y las autoridades migratorias.
“En cárceles aquí en Phoenix ya hay agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de tiempo completo”, denunció la activista.
Este tipo de cooperación tiene, en su opinión, nefastas consecuencias para muchas familias inmigrantes, sobre todo en estados como Arizona donde la ley estatal SB1070 autoriza a los policías a cuestionar el estatus migratorio de las personas que son detenidas, inclusive por infracciones de tráfico.
Si el policía sospecha que el conductor es un inmigrante indocumentado puede entregarlos al ICE o la Patrulla Fronteriza.
“Por gobernadores como Doug Ducey en Arizona que apoyan la demanda en contra de DACA y DAPA es que nos encontramos en este estancamiento legal, mientras el enforzamiento de las deportaciones continua”, dijo a Efe Raquel Terán, directora de Mi Familia Vota.
En su opinión, se requiere una pronta decisión de la Corte del Quinto Circuito, antes de que se cierre el plazo para que el caso sea escuchado por la Suprema Corte de Justicia federal en la próxima primavera, algo que cada vez se ve más difícil.
Mientras tanto, las familias inmigrantes tienen pocos recursos para luchar en contra de la deportación.
“Estamos viendo que los conservadores republicanos han llegado a un consenso de frenar la reforma migratoria o cualquier acción ejecutiva hasta que se elija un nuevo presidente”, dijo Terán en referencia a la negativa del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de no impulsar esta medida hasta 2017.
El próximo 20 de noviembre se llevara a cabo en Phoenix una marcha para denunciar y pedir un alto a las deportaciones ante el estancamiento de DAPA y la ampliación del DAPA. EFEUSA
