Washington, 9 mar (EFEUSA).- La central sindical más grande del país, AFL-CIO, presentó hoy un documento ante el Tribunal Supremo para pedirle que levante la suspensión temporal de las medidas migratorias del presidente Barack Obama y poder regularizar a millones de indocumentados en todo el país.
El sindicato presentó un escrito de “amicus curiae” (amigo de la corte), al que tuvo acceso Efe, ante el máximo órgano judicial del país para denunciar que la suspensión temporal de la ley está “impidiendo que millones de trabajadores inmigrantes ganen dignidad en sus vidas y seguridad en su trabajo”, según dijo el presidente de la organización, Richard Trumka, en un comunicado.
“En un momento en que los trabajadores inmigrantes se enfrentan a feos y peligrosos ataques de políticos intolerantes, el movimiento de los trabajadores rechaza los descarados intentos de dividirnos”, afirmó Trumka, refiriéndose a las polémicas declaraciones sobre los inmigrantes mexicanos del aspirante presidencial republicano Donald Trump.
El presidente de AFL-CIO prometió que el sindicato seguirá unido a sus “hermanos y hermanas inmigrantes en su lucha en el Congreso, las cortes y las calles para demandar igualdad de derechos y protecciones para todas las personas trabajadoras”.
El Tribunal Supremo podría dictar sentencia ya en junio, al pronunciarse sobre múltiples aspectos de la conocida acción diferida (DACA), que pretende evitar la deportación de millones de jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, así como sobre la versión destinada a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o permiso de residencia (DAPA).
Obama se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del Partido Republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados priorizando “la deportación de criminales, y no la de las familias”, según Casa Blanca.
Ante esta situación, la oposición republicana decidió llevar las acciones migratorias del presidente ante los tribunales, y tras casi un año de litigios, es ahora el turno de la más alta instancia judicial dirimir o no sobre el asunto.
Cada año, el Tribunal Supremo recibe aproximadamente 10.000 peticiones, pero solo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.
El debate en el alto tribunal promete despertar una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocas semanas de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales. EFEUSA
