Denver (CO), 9 mar (EFEUSA).- Las leyes antiinmigrantes adoptadas por numerosos estados durante los últimos diez años han tenido consecuencias negativas para la economía tanto de sus ciudadanos como de residentes legales, según un nuevo estudio presentado por dos investigadores.
Según Lynn A. Karoly y Francisco Pérez Arce, ambos economistas y profesores en la Escuela Pardee RAND para Graduados, los estados “raramente examinan los costos y beneficios” de las medidas antiinmigrantes antes de implementarlas, por lo que usualmente “no se compila evidencia de quién resulta afectado” por esas leyes.
Por eso, agregan, tanto las leyes antiinmigrantes (aquellas que restringen el acceso de indocumentados a servicios públicos, servicios de salud, empleo o educación) como las leyes proinmigrantes (aquellas que ofrecen descuentos en aranceles universitarios o licencias de conducir para indocumentados) tienen efectos negativos para ciudadanos y residentes legales.
“Las políticas en contra o a favor de los migrantes indocumentados afectan no solo a los migrantes, sino también a los ciudadanos, tanto latinos como al resto de la población”, explicó Pérez Arce a Efe.
“Es importante que los ciudadanos y residentes legales, así como sus representantes, estén conscientes que el efecto de las políticas migratorias, no afectan solo a los inmigrantes, sino que tiene también repercusiones para otros grupos en el estado”, agregó.
Las leyes en cuestión, explican Karoly y Pérez Arce en su reporte, comenzaron a implementarse en 2006 en respuesta a la pasividad del Gobierno federal en materia inmigratoria y a pesar de que sólo les compete a las autoridades federales establecer medidas inmigratorias.
Por ejemplo, a mediados de 2006 el entonces gobernador de Colorado, Bill Owens, convocó a una sesión extraordinaria de la Legislatura local en la que se aprobó un paquete de leyes antiinmigrantes enfocadas ante todo en reducir el número de indocumentados en ese estado.
Esas leyes sirvieron luego de modelo para las posteriormente adoptadas en otros estados, como la ley SB1070 aprobada en Arizona en 2010, casi inmediatamente modificada y luego convalidada, aunque parcialmente, por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Más recientemente, la tendencia de imponer restricciones comenzó a revertirse y en la actualidad todos los estados otorgan licencias de conducir o documentos de identidad a ciertos indocumentados y 20 estados les ofrecen descuentos en aranceles universitarios, incluyendo, como dice el reporte, los seis estados con el mayor número de inmigrantes: California, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.
“Nuestro estudio muestra que las implicaciones de las políticas migratorias a nivel estatal son múltiples y afectan a diversos grupos de la población, no sólo a los migrantes. Por ejemplo, permitir a los inmigrantes pagar colegiatura al nivel de los residentes en el estado tendrá como consecuencia un aumento en el nivel educativo de la población, lo cual resulta en una economía más fuerte y beneficios para todo el estado”, comentó Pérez Arce.
“De igual manera, permitir a inmigrantes indocumentados obtener y usar licencias de conducir como identificación oficial puede reducir costos en impartición de justicia”, puntualizó.
Por eso, dijo, que los legisladores deberían evaluar el impacto económico y fiscal de sus políticas inmigratorias “en varios grupos de partes interesadas y en varios sectores”, ya que esas políticas “tienden a afectar a los grupos que no son el objetivo de esas leyes”.
De este modo, el estricto cumplimiento de las leyes antiinmigrantes aumenta el costo de operaciones de las fuerzas del orden, lo que a su vez afecta tanto a ciudadanos como a residentes legales, quienes ahora deben pagar más impuestos para cubrir ese nuevo costo.
Esas leyes también generan una disminución de ciudadanos y residentes legales en el acceso a servicios públicos y en la participación de esas personas en actividades o programas cívicos.
“Recién ahora comenzamos a tener evidencia de quién se ve afectado por estas políticas públicas más allá del grupo en el que esas políticas se enfocan”, declaró Karoly.
En 2015 se debatieron en total 509 proyectos de ley sobre inmigración en los 50 estados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL).
Este año, la Cámara de Representantes de Iowa está considerando el proyecto de ley HF2276 que obligaría a las cárceles locales a cooperar con las autoridades federales de inmigración, manteniendo detenidos a presuntos indocumentados, aunque no exista orden de arresto.
A su vez, la Legislatura de Nebraska debatirá próximamente la propuesta LB688, del senador Dave Bloomfield, que, de aprobarse, requerirá que los exámenes para obtener las licencias de conducir se realicen sólo en inglés y no, como hasta ahora, también en español.
“En este reporte presentamos un marco para llevar a cabo análisis de costo y beneficio sobre estas políticas”, dijo Pérez.
“Siguiendo el marco que aquí sugerimos, se pueden llevar a cabo una discusión más fructífera que conlleve a las políticas que tengan mayores beneficios para toda la población”, concluyó. EFEUSA
