Nueva York, 16 mar (EFEUSA).- Distintas ONG se unieron esta semana en una querella contra las políticas de inmigración del Gobierno de EE.UU., que, según denunciaron, vulneran el derecho internacional al deportar menores de edad que no reciben ningún tipo de asistencia o amparo legal.
“Durante años hemos visto como niños que vienen de América Central pasan por la corte de inmigración sin representación legal y son procesados sin ninguna oportunidad real de tener asilo o protección de abogados”, explicó a Efe la investigadora sobre temas de inmigración en EE.UU. de Human Rights Watch (HRW), Clara Long.
La denuncia, presentada por HRW junto al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia y el estudio de abogados Covington and Burling LLP, apoya la demanda de varias organizaciones no gubernamentales contra los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia estadounidenses.
Dichas organizaciones exigen al Congreso de EE.UU. que promulgue un proyecto de ley que permita designar abogados para los menores no acompañados en casos de deportación, víctimas de abuso, tortura u otro tipo de violencia.
Durante el último año, HRW denuncia que más de 28.000 menores fueron extraditados de Estados Unidos en dirección a sus países de origen, en la mayoría de los casos Honduras, El Salvador y Guatemala.
Este año “el flujo migratorio se ha reducido levemente”, señaló Long, aunque es en primavera y verano cuando la circulación de personas es “mayor”.
La mayoría de menores deportados son adolescentes de entre 15 y 18 años, aunque la investigadora denunció que también hay casos de niños de hasta tres años que deben afrontar las audiencias para ser deportados sin representación de un abogado.
Durante el proceso judicial, los menores tienen derecho de seguir con sus familias o tutores, pero en ningún caso se les garantiza un abogado por defecto.
Los niños y adolescentes que se encuentran en esta situación cruzan México huyendo de la violencia y amenazas en sus países de origen, y en muchos casos son devueltos el mismo día en que son detenidos, según relató Human Rights Watch en su memorial.
Según recuerdan las ONG involucradas en el caso, en 2014, el Departamento de Justicia de EE.UU. comenzó a procesar por “la vía rápida” los casos de deportación de menores en los tribunales de inmigración, muchas veces extraditados después de tan solo una audiencia judicial.
“Es el mismo Estado el que debería pagar un abogado para cubrir estos casos y así cumplir con el derecho internacional, que exige proporcionar asistencia legal a los menores inmigrantes”, insistió Long.
Aun así, la demanda presentada por las ONG “tardará” en obtener una resolución definitiva, por lo que esta “crisis” se podría alargar durante un año o más.
“Estamos en una crisis humanitaria y cada día estamos viendo más niños detenidos y deportados”, señaló la experta en derechos humanos y políticas de inmigración.
Las organizaciones no gubernamentales que velan por garantizar los derechos humanos llevan ya años denunciando el suceso y, por el momento, no se ganaron el apoyo del Gobierno de EE.UU.
De hecho, ante la intervención para apoyar la querella inicial, presentada como un “amicus” o “amigo de la corte”, el Gobierno estadounidense pidió al tribunal que gestiona el caso que “no considere las alegaciones” interpuestas, según indicó HRW.
Por ahora, según Clara Long, la corte no tomó aún una decisión y está revisando si la petición gubernamental “tiene mérito o no”. EFEUSA
