Denver (CO), 28 jun (EFEUSA).- La precaria situación social y legal de centenares de miles de trabajadores agrícolas en Estados Unidos contribuye a crear una fuerza laboral “fantasma” de personas con identidades falsas provistas por sus empleadores, denunció una antropóloga de la Universidad de Colorado en Denver.
Según la antropóloga Sarah Horton, la industria agrícola “con frecuencia se aprovecha de la incapacidad de los migrantes para trabajar legalmente”, por lo que se les fuerza a emplear nombres y documentos de personas autorizadas a laborar legalmente en Estados Unidos.
Como consecuencia, los trabajadores agrícolas se vuelven “fantasmas” y resultan “invisibles para los gobiernos estatales y federales”, sostiene Horton en un artículo publicado en la revista especializada Anthropology of Work Review y difundido hoy por la mencionada universidad.
Estadísticas del Departamento de Trabajo federal revelan que la industria agrícola emplea de dos a tres millones de migrantes, la mayoría de ellos concentrados en California, Texas, el estado de Washington, Florida, Oregón y Carolina del Norte.
El 80 % de esos migrantes son hombres, mayormente hispanos, menores de 31 años y, de ellos, entre el 48 y el 70 % carece de presencia legal o de autorización laboral, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS).
En números concretos, entre 1,2 millones y 1,75 millones de trabajadores agrícolas son indocumentados.
Para Hornton, la creación de una fuerza laboral fantasma va mucho más allá de ocultar la presencia de indocumentados ya que también permite “ocultar el uso de mano de obra menor de edad y suprimir los reclamos de compensación de trabajadores accidentados”.
Hornton denomina ese proceso “enmascaramiento de identidad” para diferenciarlo del robo de identidad, ya que, enfatiza la antropóloga, no son los trabajadores quienes le roban la identidad a otros, sino que son los empleadores los que “esconden” a sus empleados.
En su artículo, basado en 10 años de investigaciones, Horton explica que en numerosos casos los dueños o supervisores de las granjas “prestan” los nombres y documentos de familiares o amigos a los indocumentados, lo que imposibilita que las autoridades verifiquen la edad de esas personas o las horas que trabajan.
Además, los trabajadores no reciben ninguno de los beneficios asociados con su empleo, como aportes al Seguro Social, mientras que los “dueños” de los documentos retienen una porción de los salarios de los trabajadores en “compensación” por el “préstamo” de esos datos.
“Mi investigación ilumina el papel de los empleadores en proveerles a los trabajadores documentos inventados o prestados. Les sugiero a los jueces analizar cuidadosamente los cargos contra migrantes indocumentados por trabajar con documentos prestados, porque los empleadores ganan más con esa práctica que los trabajadores”, expresa Horton en su estudio. EFEUSA
