Los Ángeles, 7 mar (EFEUSA).- De los casi 107.000 menores centroamericanos que fueron entregados en EE.UU. a familiares o tutores tras llegar al país de manera irregular y sin la compañía de un adulto entre 2014 y 2016 solo 13.000 (el 36 %) se presentaron a sus audiencias ante un juez migratorio, denuncia hoy un informe.
El análisis, presentado por la organización conservadora Centro de Estudios de Inmigración (CIS), muestra además que de los menores que acudieron a su cita en la corte sólo el 25 % calificó para recibir un permiso de permanencia en el país.
“Las políticas de la administración (del expresidente Barack) Obama sobre la oleada de jóvenes y familias llegadas de Centroamérica han sido un fracaso”, criticó Jessica Vaughan, directora de Estudios de Políticas de CIS.
Según la analista, la falla ha sido “no sólo para las comunidades donde ellos se han asentado, sino frecuentemente también para los niños, pues muchos han caído víctimas de abuso, explotación y reclutamiento en las pandillas”.
La investigación encontró cifras muy bajas de respuesta a una llamada telefónica que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) debe hacer a cada casa donde un menor ha sido asignado dentro de los tres días siguientes, para asegurarse que está viviendo en el hogar, asiste a la escuela y sabe sus fechas de citas en la corte.
Según el informe, realizado por Joseph Kolb, investigador de CIS, las autoridades sólo lograron contactar telefónicamente con el 9 % de los padres que se hicieron responsables de los menores, entre el 15 % y el 18 % de los tutores y menos de la mitad de los jóvenes.
“Para aquellos que no fueron localizados, no hay una acción posterior por parte de OOR y para quienes decidieron no participar no hay una penalización o un castigo por no cumplir”, anotó Kolb.
Adicionalmente, el informe señaló que “no se hace seguimiento del índice de cumplimiento de menores indocumentados sin un adulto acompañante que han sido asignados a casas de tutores que son inmigrantes ilegales”.
El informe igualmente registra casos de menores indocumentados que fueron transferidos de sus hogares iniciales aprobados por OOR a otros sin aprobación, “sin ninguna consecuencia” legal y sin intervención de las autoridades.
“Las agencias federales explicaron que no tienen un mecanismo para responsabilizar a los tutores que no cumplen, especialmente a aquellos que ya están ilegalmente en los Estados Unidos”, resalta el reporte.
El análisis anota que las políticas prevalentes “facilitaron la inmigración ilegal” y permitieron que “las pandillas criminales y las organizaciones de trata de personas tomaran ventaja de estas políticas laxas”.
“La política prevalente estimuló a decenas de miles de inmigrantes ilegales a evadir la ley y creó la impresión para otros, que ellos también pueden venir ilegalmente y quedar impunes”, concluye el informe. EFEUSA
