La administración de Obama no se ha caracterizado por su transparencia, ni por su política pacifista, ni mucho menos por su congruencia al prometer un cambio. Ciertamente hubo un cambio de poder cuando entró a la silla presidencial; pero eso suma netamente la diferencia del gobierno actual con el anterior.
Obama no solo ha seguido destinando casi el 50% de los impuestos en armar al ejército, sino que mientras sus palabras se inclinan hacia los millones de inmigrantes sin documentos en el país y hacia los pobres en general, el aumento de deportaciones durante su tenencia son tales que se le ha llegado llamar “Jefe Deportador”. Y hablando de su “apoyo” hacia los pobres, solo hace falta ver como presiona para que el congreso pase el TTP (Tratado Trans Pacífico), el cual amenaza con debilitar y someter aún más a las clases media y baja mientras que brinda mayores facilidades comerciales a empresas trasnacionales.
La noticia que salió a la luz recientemente sobre la senadora Elizabeth Warren, quien pidió al presidente que pare de nominar a tantos abogados provenientes de corporaciones para puestos legislativos, ha traído a la mesa un tema que dilucida la forma real en que actúa nuestro presidente-contraria a lo que habla. Pues mientras que lo lógico sería poner en esos cargos legislativos tan importantes a abogados que hayan tenido experiencia en oficinas públicas; en el presente, solamente alrededor del 3.6 de los nominados por Obama al poder legislativo son de este tipo; mientras que el 71% son abogados que han trabajado para grandes firmas.
Ya está visto que el conflicto de intereses en la política hoy en día está al por mayor. Las grandes cortes de la nación han hecho posibles leyes nocivas para el ciudadano común que anteriormente no hubieran podido ver la luz. Esto, gracias a que los jueces -anteriores abogados corporativos-, lo hacen enfocándose en el beneficio de la empresa a la que obviamente siguen representando.
Y es de notarse que muchos de estos legisladores, una vez que llegan a su término en oficinas públicas, regresan a trabajar a las mismas firmas transnacionales, las cuales claro está, les reciben con los brazos abiertos.
Así es, esas son las personas que en la actualidad están tratando de cambiar las leyes de la nación. El golpe más fuerte fue cuando un juez hizo posible que las empresas pudieran dar dinero sin medida a campañas electorales (la llamada “Citizen United”) ya que según el juez, las empresas también son personas y tienen derecho a influir en la política para el “beneficio común”.
¿Sabe usted a que elecciones afectó esto? Justamente las últimas en las que Obama participó. En ellas se gastaron cifras récord en contribuciones, y aunque si bien Mitt Romney, el entonces candidato republicano, recibió la mayoría de los fondos de corporaciones y aun así perdió, muchas de las corporaciones que lo patrocinaron, también dieron dinero a la campaña de Barack Obama, esto para asegurar la futura “ayuda” del presidente, independientemente de si este llegaba a ser republicano o demócrata.
El tipo de actitudes políticas que solo benefician a las grandes corporaciones y que estamos viendo en el presente a todos niveles, son la consecuencia de la decisión de una corte suprema. Imagínese lo que nos espera con tanto abogado corporativo “representándonos” ahora en el campo político.
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