Bajo las leyes existentes, cualquier compañía puede poner nuevos químicos en sus productos sin tener que proveer prueba alguna de que estos sean seguros para consumo humano. Bajo el sistema legal actual, es tarea del gobierno el demostrar que cada nuevo químico usado comercialmente sea o no seguro. Es aquí donde el cuidado de la salud pública se convierte en problema.
Según el documental “The Human Experiement” (El Experimento Humano), en la actualidad, más de 80,000 químicos son usados comercialmente. De estos, solo alrededor de 200 han sido probados ser seguros. En total, únicamente 5 han sido regulados por la Agencia de Alimentos y Fármacos (FDA en inglés).
Esta realidad es posible porque es el gobierno es el que deja la puerta abierta para que se usen químicos inseguros. Segundo, es el mismo gobierno el que se encarga de decidir su toxicidad. Y esto no sucede por sí solo; sino después de que la población presiona sobre la posible toxicidad de un químico.
Y aun así, el gobierno suele apoyarse en estudios hechos por las mismas compañías que están tratando de proteger el uso de esas sustancias en cuestión. Hasta un infante comprende que es obvia la falta de objetividad en los resultados porque, bueno, todo cambio implica gastos, y eso es precisamente lo que las empresas tratan de evitar a toda costa.
Solo después de que diversos problemas de salud son ligados a un químico, y después de realizarse múltiples estudios verdaderamente independientes, se ha podido presionar al gobierno para que obligue a ciertas compañías a retirar sus productos perjudiciales del mercado. Lo malo de todo esto, es que muchos de esos estudios independientes usados para obtener evidencias, tienden a ser de largo plazo, ya que los efectos de muchas de esas sustancias suelen ser progresivos, no inmediatos.
Todo parece un sistema perfectamente diseñado para el desastre; con el máximo de facilidades para las compañías, al igual que el máximo de víctimas entre los consumidores.
En otras palabras, nosotros, los consumidores, somos los que terminamos siendo una estadística más dentro el incremento de enfermedades causadas por productos tóxicos que en realidad, nunca debieron salir al mercado.
Cualquier persona que busque informarse al respecto puede descubrir el porqué de la inutilidad del sistema actual.
2007 fue considerado como el año récord en el que la industria farmacéutica gastó más en cabildeo político. La cifra podría girar alrededor de los 168 millones de acuerdo al análisis del Centro de Integridad Pública. Este dinero fue usado para presionar o “ganar” políticos para que no solo sigan manteniendo las cosas como están, sino también para que puedan atender más peticiones corporativas, las cuales terminan produciendo cambios en perjuicio de la población.
Al respecto de esos gastos, según Kevin Johnson, Vicepresidente de la empresa farmacéutica PhRMA (una de las que más gasta en cabildeo), “nosotros no miramos a través del prisma de demócratas o republicanos. Nosotros vemos en términos de los que apoyan las políticas de libre mercado y los que no.”
En definitiva, si hubiese una gestión coherente en nuestro gobierno sobre las necesidades de sus ciudadanos, nada de esto pasaría. Pero desgraciadamente no es así.
Esta información no sirve solo para conmocionar, sino para crear consciencia. Es así como la gente empieza a hacer las preguntas necesarias. Es así, en consecuencia, que los cambios comienzan a suceder.
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