La propuesta de ley SB54, que bien podría ser aprobada por el Congreso después de haber obtenido el visto bueno de la cámara de senadores, tiene en California tanto quienes la respaldan como quienes se oponen a ella.
Según el senador estatal republicano Jeff Stone, esta propuesta evita que las autoridades federales puedan echar mano a criminales peligrosos. Aunque esto es incorrecto.
Esta medida, también llamada de “ciudad santuario”, propone no utilizar los recursos de la seguridad local en tareas de inmigración, en otras palabras, para llevar a cabo el trabajo del ICE. De ser aceptada, solo habrá excepciones en caso de existir una orden judicial o cuando la persona detenida tenga una convicción previa por crímenes violentos.
Aunque por otro lado, la propuesta fue hecha teniendo en cuenta los abusos de parte de las autoridades sobre la población más vulnerable, los cuales, seamos honestos, ya suceden actualmente, y muy probablemente aumentarían si California llevara a cabo el mandato federal.
Al mismo tiempo, las autoridades, en lugar de enfocarse en los criminales, estarían haciéndola de agencia de inmigración, lo cual es peligroso para nuestras comunidades, ya que el tiempo que dediquen a detener y procesar inmigrantes sin delitos previos, les distraerá de su verdadera labor, la cual es mantener las calles seguras, responder a reportes de crímenes reales, los cuales diariamente suceden en nuestras calles.
El gobierno federal, pretende manejar los recursos locales de cada comunidad en pro de una cacería de inmigrantes. Según la orden ejecutiva firmada por Trump, a las ciudades que no cooperen, se les retirarán fondos federales, lo cual, según Eric Hoolder, ex abogado general durante el gobierno de Obama, es anticonstitucional. Kevin De León, presidente encargado del senado y propulsor de la SB 54, anuncio una posible demanda federal en contra del gobierno de Trump.
De ser pasada, la SB54 podría llegar a manos de nuestro gobernador a principios del próximo mes, el cual no se ha pronunciado sobre la propuesta; sin embargo, anteriormente, Brown ha dado a saber que California no aceptará imposiciones en materia de inmigración y otras cuestiones por parte del gobierno federal.
Otra medida pasada por el senado es la 6, la cual provee $12 millones en ayuda legal a aquellos que se enfrenten a una deportación. Si bien la medida tiene buenos propósitos, también ofrece pocos fondos.
