Washington, 16 jul (EFEUSA).- Un grupo de mujeres congresistas urgió hoy a proteger los derechos de las mujeres y las niñas, las primeras víctimas del abuso sexual, bajo el amparo de las leyes actuales, ante la reciente ola migratoria de menores centroamericanos.
El grupo de trabajo en el Congreso “Mujeres por la Reforma Migratoria”, que incluye a congresistas y a organizaciones pro mujer, liderado por la representante hispana por California Lucille Roybal-Allard, se declaró hoy totalmente en contra de modificar la ley de 2008.
La citada ley obliga a la Patrulla Fronteriza a entregar al Departamento de Salud a aquellos niños indocumentados provenientes de países no fronterizos, como Guatemala, Honduras y El Salvador, y que sus casos sean escuchados ante un juez de migración, y no sean deportados de inmediato como es el caso de los niños mexicanos.
Por su parte, la congresista demócrata Judy Chu destacó “la posición de extrema vulnerabilidad” en la que se encuentran las mujeres y las menores centroamericanas víctimas de la violencia de los grupos criminales, “gangs” y “coyotes”.
En este sentido, Chu se declaró rotundamente en contra de modificar el marco legal vigente, refiriéndose a una carta firmada por el grupo de trabajo de mujeres en el Congreso cuyo premisa es “No cambiar la ley de 2008”.
Asimismo, la también hispana representante de California Loretta Sánchez expresó su preocupación por la ausencia de una reforma migratoria que proteja los derechos de las niñas y de las mujeres inmigrantes.
Ante esta crisis humanitaria “solo nos queda actuar en consecuencia y proteger a los colectivos más vulnerables”, como es el caso de los menores acompañados de sus madres que llegan “traumatizados” huyendo de la violencia en sus países, apuntó Sánchez.
Según las cifras oficiales, de los 57.000 menores centroamericanos detenidos en la frontera sur del país en los últimos diez meses, 40 % son niñas, con menos de 12 años la mayoría.
Igualmente, la representante por California Zoe Lofgren hizo alusión a la falta de una ley de inmigración que evite la separación familiar, y subrayó que “las mujeres y los niños son los colectivos más afectados, sujetos a todo tipo de abusos”.
“Estamos ante una crisis humanitaria a gran escala, y no podemos cerrar los ojos”, aseguró Logfren refiriéndose a la violencia en Honduras, Guatemala y El Salvador, países que están a la cabeza mundial en cuanto a homicidios.
Los asesinatos de mujeres en Honduras aumentaron un 263,4 % entre 2005 y 2013, y el 95 % de los casos queda impune, según un estudio de Naciones Unidas.
Asimismo, cifras oficiales señalan que cada 13 horas hay un asesinato de una mujer en Honduras, un país que registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo con un promedio actual de 15 muertes diarias.
Roybal-Allard, urgió a “no politizar la crisis de los niños” que llegan solos a la frontera, y a darles una oportunidad a aquellos que la necesitan, “no podemos ignorar la ley y dejar de lado la libertad y la democracia que caracteriza a nuestro país”, enfatizó.
“Proteger los derechos de los colectivos más vulnerables, como las mujeres y las niñas, es nuestra prioridad”, agregó Roybal-Allard.
En este sentido, la directora de la ONG en contra de la Esclavitud y la Trata de Personas, Melysa Sperber, recordó que la ley de 2008 no da amnistía a los menores, “simplemente les otorga la oportunidad de que su caso sea oído ante un juez de migración”, para determinar si se encuentran en una situación de alto riesgo. EFEUSA
