Washington, 9 jul (EFEUSA).- El Gobierno defenderá este viernes en un tribunal de Luisiana su argumento de que el presidente Barack Obama actuó de acuerdo con la ley cuando emitió sus acciones ejecutivas sobre inmigración, con confianza en que podrá ganar el caso, si no en esa corte, sí ante el Tribunal Supremo más adelante.
El Departamento de Justicia presentará sus argumentos este viernes ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans, sobre las medidas anunciadas por Obama en noviembre para evitar la deportación de 5 millones de inmigrantes indocumentados.
Esas medidas “reformarían nuestro sistema migratorio roto”, aseguró hoy el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en su conferencia de prensa diaria.
Las acciones ejecutivas de Obama están temporalmente suspensas desde el pasado 16 de febrero, cuando el juez federal Andrew Hanen así lo ordenó después de recibir una demanda de 26 estados, liderados por Texas, contra la constitucionalidad de esas medidas.
El caso está ahora en manos de tres jueces de la corte de apelaciones en Nueva Orleans, de los cuales dos son de tendencia conservadora.
Pese a reconocer que ese tribunal ha demostrado no “dejarse convencer fácilmente por la Administración de Obama, la Casa Blanca “sigue teniendo mucha confianza en el poder de sus argumentos legales” sobre el fondo del caso, según aseguró Earnest el martes.
“Creemos que habrá una audiencia justa frente a los jueces que están en el panel. Y tenemos confianza en el Departamento de Justicia a la hora de representar los intereses de la Administración”, aseguró Earnest.
Millones de inmigrantes en todo el país están pendientes de la decisión del tribunal, que ha evitado la aplicación de unas medidas ejecutivas que fueron muy bienvenidas por los principales grupos hispanos.
La primera parte del plan anunciado en noviembre por Obama debería haber entrado en vigor en febrero pasado y consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como “soñadores”.
Además, se esperaba que en mayo hubiera comenzado a aplicarse la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el número total de beneficiados: 3,7 millones elegibles para la DAPA y 1,2 millones para la DACA, de los que 300.000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.
Pero esas dos medidas continúan paralizadas por la decisión del juez Hanen, tras la demanda de los 26 estados que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes al anunciar esos programas y que esas competencias corresponden al Congreso.
Muchos expertos legales consideran probable que el caso acabe en manos del Tribunal Supremo, dado que, en caso de que el tribunal de Luisiana dé la razón a los estados demandantes, la Administración de Obama podría apelar a la máxima instancia judicial del país.
El pasado mayo, después de que la corte de Luisiana rechazara un recurso de urgencia de la Administración contra la suspensión de las medidas, el Gobierno no quiso apelar esa decisión ante el Supremo, con el objetivo de tener una posición más fuerte si la máxima corte del país decide pronunciarse en el futuro sobre el caso.
El Ejecutivo de Obama no alberga dudas sobre la legalidad de sus medidas y considera incluso que el Supremo podría favorecer su posición, dado que en 2012 ya emitió un fallo para respaldar la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
Si el Supremo acaba pronunciándose sobre el caso, la decisión podría llegar en el momento álgido de la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 y convertirse en un asunto clave para decantar el voto latino. EFEUSA
