Washington, 13 jun (EFEUSA).- El Tribunal Supremo falló hoy contra Puerto Rico en un caso vital sobre su deuda y determinó que la isla no puede recurrir a una ley que proclamó en 2014 para declarar en quiebra a sus empresas públicas, cuya deuda ronda los 20.000 millones de dólares.
El fallo significa que Puerto Rico, Estado Libre Asociado de EEUU, no podrá establecer su propio mecanismo de bancarrota y reestructurar su deuda de 72.000 millones de dólares, de los que una buena parte corresponde a corporaciones públicas que a menudo recurren al Gobierno para mantenerse a flote.
Los jueces fallaron en contra de la “Ley 71” de 2014 para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, conocida a nivel local como “Ley de quiebra criolla” y que pretendía dar una vía alternativa a las empresas públicas de agua y electricidad para reestructurar su deuda.
De esta forma, los magistrados determinaron que la deuda de Puerto Rico depende del Congreso federal, cuya Cámara Baja aprobó la semana pasada un proyecto de ley para facilitar la reestructuración de la deuda con un mecanismo de supervisión y que ahora deberá pasar por el Senado, donde no se espera que tenga grandes obstáculos.
Una vez que reciba el aval del Senado, el presidente, Barack Obama, será el encargado de firmar la ley, cuyo acrónimo es “Promesa”.
En su sentencia de hoy, los magistrados afirmaron que las leyes federales “prohíben a Puerto Rico promulgar su propio esquema municipal de bancarrota para reestructurar la deuda de las compañías públicas insolventes”.
De esta forma, los jueces determinaron que Puerto Rico no tiene autoridad para reestructurar su deuda bajo un régimen supervisado por las autoridades judiciales similar al previsto en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
Este capítulo de la Ley de Quiebras federal, aprobado por el Congreso en 1984, otorga herramientas legales para manejar sus deudas a todos los estados de EEUU menos a Puerto Rico y al Distrito de Columbia, donde se halla la capital federal.
En virtud de la Ley de Quiebras federal, los estados pueden autorizar a sus ciudades, condados, servicios públicos y otras ramas del Gobierno que se declaren en quiebra bajo el Capítulo 9.
No obstante, la ley excluye a todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus servicios públicos, por lo que el Gobierno de la isla ha sostenido durante el proceso que la “ley de quiebra criolla” es legal porque lo único que hacía era llenar un hueco que había quedado vacío en la Ley de Quiebras federal.
La decisión de hoy la tomaron solo siete de los nueve jueces que deben de conformar el alto tribunal debido a la muerte en febrero del conservador Antonin Scalia y la ausencia de Samuel Alito, que decidió apartarse voluntariamente del caso.
A favor de Puerto Rico fallaron las juezas progresistas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, la primera magistrada hispana en el alto tribunal y nacida en el seno de una familia puertorriqueña en el barrio neoyorquino del Bronx.
“El Gobierno y el pueblo de Puerto Rico no deberían de tener que esperar una posible acción del Congreso para evitar las consecuencias de una electricidad, un transporte y un agua poco seguros”, consideraron las juezas en un documento en el que expresaron su rechazo a la sentencia.
En este sentido, las dos juezas recordaron que los propios miembros del Ejecutivo y del Legislativo han descrito la situación de Puerto Rico como “crisis humanitaria”.
El litigio por la “ley de quiebra criolla” comenzó en junio de 2014, cuando acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), principal compañía pública de Puerto Rico, recurrieron la legislación ante el tribunal federal de distrito en San Juan.
Este tribunal federal declaró inconstitucional la legislación y luego fue respaldado por la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, con sede en Boston (Massachusetts).
Este tribunal de Boston interpretó que el Congreso federal es el único que puede decidir sobre la deuda de Puerto Rico, punto que confirmó hoy el Tribunal Supremo.
La economía puertorriqueña lleva diez años en recesión y su grave crisis económica ha costado a la isla el apodo de la “Grecia” del Caribe en alusión la los problemas de deuda del país europeo.
En la actualidad, el 45 % de la población de Puerto Rico vive bajo el umbral de la pobreza, según los estándares estadounidenses, al tiempo que cada día abandona la isla una media de 166 personas, con lo que en la última década se ha perdido un 10 % de la población, que emigra a EEUU en busca de mejores perspectivas. EFEUSA
