MÉXICO, D.F., enero 30 (EL UNIVERSAL).- La PGR no ofrecerá una disculpa pública a ninguno de los 12 ex funcionarios de Michoacán, a quienes un tribunal federal dejó en libertad al no comprobarse las acusaciones de narcotráfico y delincuencia organizada que les imputaba la fiscalía.
La dependencia está obligada respetar en sus términos la resolución del tribunal de alzada, dijo el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, al destacar que bajo las mismas constancias hay 20 ex funcionarios de esa entidad sujetos a proceso penal al tener en contra un auto de formal prisión.
Sin embargo, el senador perredista Carlos Sotelo, quien encabeza la comisión de la Cámara Alta para la defensa de los encarcelados por "El Michoacanazo", dijo que la liberación de los ex funcionarios michoacanos es un revés para el gobierno, aunque hay que reconocer que al final hubo sensibilidad de su parte y la voluntad de restablecer el Estado Derecho de los afectados.
Entrevistado en el Cereso David Franco Rodríguez, el legislador dijo que los 12 liberados tienen el derecho de solicitar la reparación del daño, ya que fueron afectados en lo político, laboral, familiar y económico.
Dijo que es necesario pulir el marco jurídico de los figuras del testigo protegido y el arraigo, ya que no es posible aplicarlos como se hizo en este proceso y mucho menos con personas que acudieron ante la autoridad de manera voluntaria.
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