Denver, 14 mar (EFE).- Legisladores de Utah acordaron hoy crear un comité para analizar las posibles consecuencias de un paquete de leyes migratorias, firmado el jueves por el gobernador y que comenzará a regir a mediados de 2009.

Según los legisladores, es necesario evaluar las posibles ramificaciones del proyecto SB08-81 antes de que esas leyes entren en vigor en julio del año próximo. La propuesta de creación del nuevo comité cuenta también con el respaldo del mandatario estatal.

"El gobernador Jon Huntsman considera que lo importante es que haya un debate comprensivo sobre inmigración. Esta ley es un buen paso para resolver el problema de la inmigración", aseveró Lisa Roskelley, portavoz de la gobernación de Utah.

Por su parte, el presidente del senado estatal, John Valentine, republicano de Orem, dijo que la decisión de posponer la entrada en vigencia de la ley SB08-81 hasta dentro de un año "permitirá que todos los interesados, como empresas o servicios comunitarios de salud, tengan la oportunidad de evaluar el potencial impacto" de esta ley.

"Tiene que haber un foro para que la gente pueda llegar y discutir los efectos de SB08-81", así como "la posibilidad de incluir nuevas ideas", agregó.

El comité estará compuestos por miembros de ambas cámaras del Legislativo estatal y su función principal será la de "conducir una revisión de la situación migratoria en Utah", indicó Greg Curtis, republicano de Sandy y presidente de la Cámara de Representantes.

Los detalles de la composición y funciones específicas del comité sólo serán dados a conocer luego de una reunión a finales de este mes del Comité Legislativo de Administración.

Sin embargo, los dirigentes legislativos anticiparon que una de las prioridades del nuevo grupo será la de establecer si, como lo estipula SB08-81, los estados tienen las autoridad de exigir que los empleados públicos verifiquen los documentos de identidad y la situación inmigratoria de quienes hacen negocios con ellos, para evitar que fondos públicos lleguen a manos de inmigrantes indocumentados.

Otra área de análisis será el potencial impacto negativo que las nuevas medidas tendrían en la economía local, por ejemplo, en la industria de la construcción. El comité comparará la situación en Utah con la de otros estados que ya implementaron leyes similares, como Arizona, Colorado, Georgia y Oklahoma.

La ley SB08-81 permite además que la policía local cumpla con ciertas funciones inmigratorias y transforma en delito estatal el transporte y alojamiento de indocumentados, aunque las iglesias y grupos de ayuda comunitarios están excluidos.

Para Antonella Romero Packard, portavoz del Comité Hispano/Latino Legislativo de Utah, resulta "increíble que los legisladores hayan aprobado una ley como ésta, que afecta a numerosos residentes de Utah, tanto legales como ilegales, sin haber estudiado primero las repercusiones de la ley". EFE