En las primeras horas del domingo, estudiantes del CBTIS 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua, reunidos en una vivienda del fraccionamiento Salvarcar, de Ciudad Juárez, fueron sorprendidos por más de una docena de sujetos que ingresaron al sitio y dispararon. Una masacre sin nombre que lleva, al momento de escribir estas líneas, 16 muertos.
Desde julio dimos la alarma. Había un cambio de táctica en los cárteles que asolan esta sufrida ciudad fronteriza. Ya no se trataba de la ejecución de sus propios activos, uno de estos grupos había decidido irse contra las familias y amigos del otro cártel, aunque fueran ajenos al narcotráfico. Comenzaba el terrorismo delictivo.
Todo comenzó con el asesinato de una familia del Valle de Juárez y el ataque a un vaquero de la región con el consabido mensaje expreso, dejado a un lado del cadáver. El cártel rival contraatacó con una masacre en una colonia y luego vino una matanza en un bar donde murieron más parroquianos que ejecutables.
Los Defensores de Derechos Humanos cambiamos nuestro objetivo de defensa de casos individuales y nos lanzamos a exigir la disminución de la violencia como prioridad inmediata, aun sobre la guerra contra el narcotráfico. Exigimos la búsqueda de la paz.
Encaminamos nuestros esfuerzos a defender a toda la comunidad de la violencia terrorista.
Advertimos a los congresos de México y Estados Unidos, a la Segob, a la PGR y a la Secretaría de
Unos a otros esquivaron la responsabilidad. Las policías nos remitieron al ejército; no era su asunto, dijeron. Recibimos en general agresiones verbales y políticas, así como amenazas por parte de autoridades y cárteles.
Días después de las primeras advertencias hubo dos masacres en centros de rehabilitación para adictos, que dejaron un saldo de 27 asesinados. En el ínter, cuatro defensores de derechos humanos han muerto, más decenas de policías y miles de ciudadanos, sólo de julio de 2009 para acá. No se hizo nada.
Niños han sido ejecutados a mansalva en casos individuales. Los asesinos de ambos bandos se ensañan contra las familias enteras.
Y el gobierno ¿cómo ha respondido?: "Desoiré a quienes pidan que pare esta guerra"; "...con la muerte del contramaestre pretenden amedrentarnos, pero queremos decir que esta guerra seguirá cueste lo que cueste"; "la guerra la vamos ganando"; "la prensa oculta los logros de el operativo"; "-a Josefina la mataron por una venganza de los cárteles"; "estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada".
Ahora que esta guerra toma dimensiones de terror delictivo, cuando la muerte inunda Juárez; cuando exigimos que se vaya el Ejército y sea sustituido por civiles; cuando exigimos que la PGR cumpla con su trabajo, que instale unos 200 agentes y Ministerios Públicos especializados; resulta que la PGR no tiene ni uno solo en la plaza. ¿Qué sucede? ¿A quiénes sirven?
Pero, eso sí, vemos a diario cómo los políticos están celebrando elecciones, abandonando sus puestos para ser candidatos. El General se pelea por el mando con el comandante de la PFP y el titular de la PGR, Arturo Chávez, inicia un recurso legal contra las bodas gay.
Todo, justo cuando se ha comenzado a matar niños para aterrorizar más a Ciudad Juárez.
Hace seis meses las autoridades debieron cambiar sus estrategias y darse cuenta dónde estábamos y hacia dónde íbamos. No escucharon y llegamos a un extremo inaceptable.
Por lo pronto exigimos que nos digan quiénes son los responsables de la masacre del domingo; de qué bando son y por qué mataron a los niños en Salvarcar. Porque las autoridades lo saben. Me consta que lo saben. A lo mejor no pueden detenerlos, pero saben qué bando fue.
Mi sentimiento es de ira incontenible. No puedo permanecer con los brazos cruzados. Tengo que hacer algo. Tengo que reincorporarme a mi trabajo de atención a víctimas, aunque no viva en Juárez. Debo respaldar a esas familias victimizadas. Mi eventual muerte será responsabilidad de las autoridades.
* Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
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