En el presente, la propuesta de ley SB277 busca menoscabar el derecho de una persona a negarse a ser vacunada o vacunar a sus hijos, negándoles educación a los últimos si no son inoculados.
Unos consideran que las vacunas son seguras y necesarias, mientras que otros se inclinan por lo contrario. Hasta el día de hoy, una persona puede negarse a vacunar a sus niños basada en creencias religiosas o en su conocimiento de los riesgos inherentes de las vacunas -no se sabe a ciencia cierta a quién causarán daños, o hasta qué grado.
La FDA, como organismo vigilante del proceso, no ha demostrado má que ser deficiente. Varios casos de corrupción han manchado su nombre. Sus procedimientos para probar medicamentos dan mucho que desear. Básicamente, dejan que las farmacéuticas hagan sus propios estudios para garantizar que todos sus productos sean seguros. Pero, ¿qué garantiza que esos estudios sean subjetivos? Absolutamente nada.
El gobierno, por su parte, va aun más allá cuando de proteger a las farmacéuticas y al negocio multimillonario de las vacunas. Es bastante peculiar el hecho que en EE.UU., uno puede demandar a una compañía en una corte regular si su producto causa daños y perjuicios; pero cuando se trata de las vacunas, esto sencillamente no es una opción.
Gracias a la Ley Nacional de Vacunas Infantiles, en un caso así, uno tendría que levantar una petición ante el Departamento de Salud y Recursos Humanos (no ante un juez regular), y seguir un proceso administrativo para recibir compensación. Si se decide que de hecho las vacunas le han causado algún daño a usted o a sus niños, entonces se le paga una suma -bajo ciertas condiciones-, todo a puertas cerradas, sin prensa que lo atestigüe, sin debate nacional, y sin castigo de por medio a los causantes del daño. Lo que es peor, todo esto termina produciendo estadísticas falsas sobre casos de daños por vacunas, puesto que dicho proceso facilita que el caso no es documentado.
Está de más decir que las compañías farmacéuticas no pagan compensación alguna por esos daños. Nosotros, a través de nuestros impuestos, pagamos por los errores de esas empresas multimillonarias.
Si estas vacunas son tan seguras, ¿Por qué existe esta protección especial a las farmacéuticas en este respecto? ¿Por qué tanto sigilo cuando se debería sacar a la luz todos los casos de niños dañados por haber sido inoculados con ellas?
El gobierno busca cuartear nuestra libertad de elegir si queremos o no vacunar a nuestros hijos. De eligir si queremos protegerlos por las sospechas bastante fundadas y por los casos que cada día son más conocidos gracias al Internet.
Se me hace tan irrisorio que aquellos políticos que tachan de medidas socialistas la implementación de un seguro universal o que se busque hacer gratuitos los colegios comunitarios, apoyen este tipo de medidas no solo socialistas; sino hasta comunistas.
Es curioso que el Senador Richard Pan en su discurso del martes 22 de junio, 21015, apoyando la inoculación forzada, dijo que la ley “SB277 es sobre libertad…”, tras lo cual se escuchó la risa inmediata del público que tomó la frase como ironía. “… libertad de contagios mortales y discapacitantes”, adhirió una vez que la gente guardó silencio.
Obviamente no puede haber libertad en algo forzado, aun cuando no haya querido decir eso el Senador Pan. Tampoco existe libertad de agentes “discapacitantes”, ya que según debatió un doctor en el concilio de ayer, las vacunas no son seguras y si pueden llegar producir discapacidad y hasta la muerte. Por otro lado, la inmunidad que proveen no está garantizada ni es de por vida.
