Cada año, cerca de 48 millones de personas en este país resultan enfermas por la comida que consumen. De estas, 3 mil mueren y 128 mil son hospitalizadas.

Estos hechos implican que un proceso sencillo para proteger nuestros alimentos debe estar en orden; sin embargo, una propuesta nueva de ley pasada recientemente por el congreso (HR 5), busca crear más burocracia y obstáculos en esta área.

Para ayudar en el proceso de protección del consumidor, en el 2011, el congreso pasó la Ley de Modernización de la Seguridad Alimenticia, dando más poder de supervisión a la Agencia de Fármacos y Alimentos (FDA en inglés) en EE.UU. En lugar de responder a brotes de enfermedades, la FDA se enfocó entonces en la prevención, como debería ser.

Asimismo, la agencia recibió nuevos poderes de inspección, ejecución de reglamentos, y a su vez se le habilitó para obligar a empresas al retiro de productos contaminados del mercado.

Pero ahora esta nueva ley que busca entorpecer procesos legales, pone alta consideración a las empresas que producen perecederos. Además, le quita autoridad a agencias expertas en la materia.

La HR 5 hace muy difícil para que agencias federales como la FDA puedan implementar sus reglamentos, y a su vez, obstaculiza que las empresas los implementen.

De igual forma, esta ley agiliza la revocación y la suspensión de normas sobre seguridad alimenticia.

Está visto que este gobierno no cree en los reglamentos. Según ellos, estos entorpecen el comercio.

Pero las reglas sobre nuestra comida se hicieron para protegernos de la avaricia y la negligencia empresarial. Si esta propuesta nueva se convierte en ley, las compañías de productos alimenticios bien pueden vender alimentos contaminados y de ínfima calidad por ahorrarse unos dólares e incrementar sus ganancias.

La HR 5 ahora será llevada a votación en el senado.

Que toquen el tema ambiental, desapareciendo reglamentaciones y argumentando que no existe el calentamiento global es una cosa. Pero que toquen lo más básico, nuestros alimentos... allí si no existen argumentos válidos que los respalden. Primero está la salud pública, después las ganancias.